Existe la creencia generalizada de que las leyes fueron creadas para privar de libertad a los ciudadanos que conforman una sociedad, creencia fomentada por gobernantes y políticos inoperantes en general, que aprovechan demagogias y falsedades para utilizarlas en su favor.
La esencia de las leyes es proporcionar un marco legal y jurídico estable a la libertad de las personas de un país, para que éstos puedan expresar sus creencias, ideologías y conceptos éticos dentro de la legalidad vigente, y no fuera de ella, pudiendo estar dentro de la sociedad, y no fuera de ella.
Este pasado fin de semana el PSOE ha finalizado su 37º congreso con un objetivo de futuro claro, que no es otro que el llevar al Parlamento una ley de plazos para modificar el actual ‘status’ del aborto, sometido, ahora, a preceptos de obligado cumplimiento.
Como no podía ser de otra manera, el sector duro del PP se ha opuesto de una manera tajante al hilo del argumento de que no se trata de un tema prioritario para la sociedad, aunque con la realidad subyacente del temor a la libertad de las personas a tomar sus propias decisiones.
Vivimos en una sociedad compleja, con sensibilidades diversas y conceptos éticos muy polarizados, por tanto, los gobernantes deberían acudir a la esencia de las leyes y no a la perversión política de las mismas, es decir, deberían de utilizar las leyes para proporcionar libertad y no para privar de ella.
La sociedad demanda un marco legal adecuado y justo para todos, que permita a aquellas personas que se ven en la obligación de tomar la siempre ineficiente decisión de abortar hacerlo dentro de la legalidad evitando, así, su criminalización; que permita a aquellas personas que no se ven en la obligación de tomar esa decisión, o que, simplemente, toman otras opciones poder hacerlo dentro de la legalidad.
Porque debemos de tener todos claro que no se aborta por gusto o por libertinaje, no, se aborta, simplemente, por una necesidad analizada de manera racional. Dejemos, por tanto, de criminalizar la racionalidad.
