El Gobierno anunció ayer un plan dinamizador del sector inmobiliario con el objetivo de suavizar la grave crisis económica y cumplir, a su vez, con su programa electoral, en el que prometía cientos de miles de viviendas de protección oficial.
El montante del plan asciende a 300 millones de euros y será destinado a la compra de suelo privado urbanizable, es decir, suelo que se encuentra en posesión de promotoras inmobiliarias.
En primer lugar, el Gobierno intenta ayudar a las empresas promotoras adquiriendo parte de sus activos, aliviando, así, sus problemas de tesorería, para evitar, de esta manera, un nuevo caso Martinsa.
El segundo objetivo, por otra parte, está relacionado con el destino que se dará a este suelo urbanizable. El Gobierno construirá, a tráves de empresas privadas, viviendas de protección oficial, tanto para venta como para alquiler.
De estos dos objetivos básicos del plan subyacen otras consecuencias de mayor calado social. Por un lado, gracias a la inyección económica que recibirán las promotoras, éstas podrán continuar con sus proyectos iniciados generando una recuperación del empleo en el sector.
Por otro lado, con la aparición de nuevas viviendas de protección oficial un mayor número de ciudadanos tendrán acceso a este tipo de viviendas, beneficiándose así de sus ventajas evidentes con respecto a las provenientes del sector privado.
Por tanto, el plan es adecuado y si se implementa de manera eficiente reportará beneficios evidentes. El debate, sin embargo, radica en valorar si la cifra estimada de 300 millones de euros será suficiente como para tener un efecto real en la economía.
Evidentemente, las promotoras inmobiliarias alegarán que la cantidad aportada es insuficiente, pero deberían valorar los beneficios indirectos que podrán obtener del mismo, gracias a proyectos de viviendas de protección oficial de los que se podrán beneficiar en el futuro.
Desde el punto de vista de un observador imparcial, he de decir que el plan me parece justo, necesario y suficiente.
