El país con menor número de presos por población general es Burkina Faso, con 23 por cada 100.000 habitantes. El que más, con abrumadora diferencia, Estados Unidos, con 738. En términos absolutos, el país con menos población reclusa es Islandia, con 119 personas en sus cárceles y el que más, Estados Unidos otra vez, con más de dos millones.
Prácticamente la totalidad de los países europeos se sitúan por debajo de 150 presos por cada 100 mil habitantes, muchos de ellos con menos de 100. En Latinoamérica se encuentran entre 100 y 200. En otros continentes hay algún caso exótico como Ruanda, por la masacre civil de 1994, con casi 700 internos y países de la antigua órbita soviética como la misma Rusia, Bielorrusia o Turkmenistán, que están entre 400 y 600. En resumidas cuentas, el 80% de los países del mundo, independientemente de su régimen político, su tamaño o su área geográfica, tienen una población reclusa inferior a 200 presos por cada 100.000 habitantes. Por eso nos extraña y nos inquieta esa rara estadística elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que sitúa a la autonombrada primera democracia del mundo a la cabeza.
Hace veinticinco años, Estados Unidos tenía cifras de encarcelamiento en sintonía con las medias mundiales. El modelo penitenciario adoptado en estas tres últimas décadas ha cambiado progresivamente. Un modelo preocupante por el riesgo que tiene de ser emulado universalmente, como tantos otros aspectos de la vida norteamericana.
Las cifras de criminalidad no han sufrido de forma paralela ninguna reducción en cuanto a número de delitos cometidos. Al contrario, se han incrementado sustancialmente en parcelas como el tráfico y consumo de drogas. La sensación de inseguridad por muchos motivos, incluido el terrorismo, ha ido creciendo y hoy día los americanos se sienten menos seguros que nunca por motivos muy diversos y complejos. El hecho es que las cárceles han multiplicado su población de manera exponencial sin contraprestación en la tranquilidad de los ciudadanos.
Buena parte de las cárceles norteamericanas, en muchos de los Estados, iniciaron un camino de privatización que ha ido creciendo hasta el punto de convertirlas en las empresas que mejor cotización reciben en la bolsa de Nueva York. La Corrections Corporation of America (CCA) o la Wackenhut, las dos compañías que actúan de buque insignia facturan cantidades colosales. Todas se asientan sobre los criterios de la empresa moderna: costes bajos, buena gestión y producción eficiente. A esto contribuye decisivamente que tienen a su disposición fuerza de trabajo a un bajísimo precio. A su vez, los presos como usuarios-clientes permiten, al ser un volumen muy grande de población, que el negocio sea relevante en términos absolutos.
¿Tiene algo que ver el incremento de los reclusos con la bonanza creciente de esta industria desde su nacimiento en los años ochenta? En buena lógica empresarial diríamos que sí: si hay un nicho de negocio hay que buscar clientes. No obstante, cuando hablamos de un Estado con una constitución cuasisagrada y un sistema de justicia que alardea de ser el mejor del mundo, tenemos que matizar mucho la afirmación y seguir investigando. Pero la duda persiste y una polémica semejante no beneficia a un ordenamiento jurídico en el que se miran todos los países.
Hay que tener en cuenta, además, que el código penal de los diferentes Estados, y el federal, han entrado en una escalada de endurecimiento sin precedentes. Contra el crimen, la única respuesta ha sido la mano dura con medidas feroces como el encarcelamiento a perpetuidad después de tres reincidencias en ciertos delitos. Si todo este rigor hubiera servido para mostrar al mundo un rostro seguro, más personas podríamos entender esta vía. Pero si no es así, las sospechas de injusticia y de demagogia son muy sólidas. Por otro lado, en estos días hay más negros en las cárceles que en la Universidad y en muchos Estados se gasta más dinero en las prisiones que en las escuelas.
Estados Unidos, sus ciudadanos, sus políticos, sus jueces… tendrán que situar el problema en unos términos proporcionados de justicia. Entretanto, debemos poner en cuestión fórmulas que, si bien son exitosas empresarialmente, no han proporcionado beneficios sociales visibles a la ciudadanía.
Cristóbal Sánchez Blesa
Periodista y Presidente de Solidarios para el Desarrollo
