Si la justicia no es ágil en la aplicación de sus decisiones, un país democrático puede verse manchado por un déficit ético propio de estados sin una separación real de poderes. La tardanza, la negligencia, la poca profesionalidad, la arbitrariedad o la precipitación judiciales son formas de injusticia más propia de las dictaduras.
Hace pocos meses hemos asistido en un país europeo como España a la muerte violenta de una niña. Su asesino, en contra de lo que dictaba una sentencia judicial nunca aplicada, no estaba en prisión en ese momento. Si la justicia hubiera actuado con diligencia, la niña muy probablemente seguiría viva junto a sus padres. El juez responsable del caso, así como sus compañeros de juzgado, ponen cien pretextos y llaman a la necesaria modernización del sistema judicial para evitar errores debidos, directa o indirectamente, al colapso del sistema de justicia por la cantidad de procesos en curso.
El hecho aparentemente insólito de que alguien lleve años juzgado pero sin aplicación de la condena parece que no es tan infrecuente. Varios han sido los casos nuevos que se han sacado a la luz en estos días y llenan de preocupación a una sociedad que se ve escasamente defendida.
Hablemos ahora, sin embargo, de la situación inversa. Son incontables los errores judiciales, las malas prácticas, las decisiones arbitrarias o las negligencias que afectan a diario a muchos miles de presos. Sigamos con el ejemplo de España, que cuenta con un excelente fundamento de leyes y reglamentos penitenciarios, aunque con una deficiente aplicación.
Con frecuencia hay presos que pierden la posibilidad de salir en permiso por no llegar a tiempo la orden del juez. Muchas Juntas de Tratamiento de las cárceles, organismo multidisciplinar de valoración de los internos, deniegan sistemáticamente los beneficios penitenciarios hasta que el Juez de Vigilancia Penitenciaria asume la responsabilidad de aplicarlos. Lo mismo ocurre con los informes para la progresión hacia el Tercer Grado (régimen de semilibertad). El número de internos preventivos (aún sin juicio) se acerca a la tercera parte del número total, demasiados. De éstos, son relativamente abundantes los que agotan y traspasan los límites legales de permanencia en prisión sin juicio. Por otro lado, cuando un interno pasa dos años en prisión preventiva, es juzgado y sale no culpable, las compensaciones son nulas o ínfimas, sobre todo en el caso de extranjeros que vuelven a su país.
En el apartado relativo a las garantías de buen trato de puertas para adentro de la prisión es necesaria la mayor transparencia, puesto que sin ella no existe la certeza de que éste sea el adecuado. Por un lado, el Juez de Vigilancia Penitenciaria tiene a su cargo un número tan elevado de internos, que la vigilancia teórica que se atribuye a este juzgado especial, se hace muy difícil. El Defensor del Pueblo, de igual manera, tiene instrumentos muy limitados para llegar a todos los rincones de un centro penitenciario, por lo que en su Informe Anual ante el Congreso de los Diputados deja traslucir la sospecha de que sus denuncias no son, con mucho, la totalidad de las injusticias perpetradas en la cárcel. No hablemos ya de las reticencias de muchos internos a señalar a personas o servicios de los centros penitenciarios o del sistema de justicia con los que tiene que tratar veinticuatro horas al día, con potestad éstos para amonestar o castigar. Tanto el juez como el defensor del pueblo deberían dotarse de instrumentos de búsqueda de información más cercanos a los internos y más eficaces en la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Frente a los despropósitos, un estado democrático y moderno ha de actuar con diligencia si no quiere perpetuar un sistema de justicia con dosis importantes de iniquidad. La agilidad de las nuevas tecnologías ha de implantarse definitivamente en los juzgados a la hora de comunicar, documentar, compartir información, y en cualquiera de los pasos de un procedimiento.
Los errores en cualquier sistema pueden llegar hasta unos límites tolerables. El sistema de justicia y su prolongación en el penitenciario los sobrepasan a diario con una impunidad impensable en otros servicios públicos. Con todo esto añadimos escarnio al agravio de ser víctimas y convertimos a menudo en tales a delincuentes en proceso de reeducación.
Cristóbal Sánchez Blesa
Periodista y Presidente de Solidarios
