Víctimas del sistema judicial
Si la justicia no es ágil en la aplicación de sus decisiones, un país democrático puede verse manchado por un déficit ético propio de estados sin una separación real de poderes. La tardanza, la negligencia, la poca profesionalidad, la arbitrariedad o la precipitación judiciales son formas de injusticia más propia de las dictaduras.
Hace pocos meses hemos asistido en un país europeo como España a la muerte violenta de una niña. Su asesino, en contra de lo que dictaba una sentencia judicial nunca aplicada, no estaba en prisión en ese momento. Si la justicia hubiera actuado con diligencia, la niña muy probablemente seguiría viva junto a sus padres. El juez responsable del caso, así como sus compañeros de juzgado, ponen cien pretextos y llaman a la necesaria modernización del sistema judicial para evitar errores debidos, directa o indirectamente, al colapso del sistema de justicia por la cantidad de procesos en curso.
El hecho aparentemente insólito de que alguien lleve años juzgado pero sin aplicación de la condena parece que no es tan infrecuente. Varios han sido los casos nuevos que se han sacado a la luz en estos días y llenan de preocupación a una sociedad que se ve escasamente defendida.
Hablemos ahora, sin embargo, de la situación inversa. Son incontables los errores judiciales, las malas prácticas, las decisiones arbitrarias o las negligencias que afectan a diario a muchos miles de presos. Sigamos con el ejemplo de España, que cuenta con un excelente fundamento de leyes y reglamentos penitenciarios, aunque con una deficiente aplicación.
Con frecuencia hay presos que pierden la posibilidad de salir en permiso por no llegar a tiempo la orden del juez. Muchas Juntas de Tratamiento de las cárceles, organismo multidisciplinar de valoración de los internos, deniegan sistemáticamente los beneficios penitenciarios hasta que el Juez de Vigilancia Penitenciaria asume la responsabilidad de aplicarlos. Lo mismo ocurre con los informes para la progresión hacia el Tercer Grado (régimen de semilibertad). El número de internos preventivos (aún sin juicio) se acerca a la tercera parte del número total, demasiados. De éstos, son relativamente abundantes los que agotan y traspasan los límites legales de permanencia en prisión sin juicio. Por otro lado, cuando un interno pasa dos años en prisión preventiva, es juzgado y sale no culpable, las compensaciones son nulas o ínfimas, sobre todo en el caso de extranjeros que vuelven a su país.
En el apartado relativo a las garantías de buen trato de puertas para adentro de la prisión es necesaria la mayor transparencia, puesto que sin ella no existe la certeza de que éste sea el adecuado. Por un lado, el Juez de Vigilancia Penitenciaria tiene a su cargo un número tan elevado de internos, que la vigilancia teórica que se atribuye a este juzgado especial, se hace muy difícil. El Defensor del Pueblo, de igual manera, tiene instrumentos muy limitados para llegar a todos los rincones de un centro penitenciario, por lo que en su Informe Anual ante el Congreso de los Diputados deja traslucir la sospecha de que sus denuncias no son, con mucho, la totalidad de las injusticias perpetradas en la cárcel. No hablemos ya de las reticencias de muchos internos a señalar a personas o servicios de los centros penitenciarios o del sistema de justicia con los que tiene que tratar veinticuatro horas al día, con potestad éstos para amonestar o castigar. Tanto el juez como el defensor del pueblo deberían dotarse de instrumentos de búsqueda de información más cercanos a los internos y más eficaces en la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Frente a los despropósitos, un estado democrático y moderno ha de actuar con diligencia si no quiere perpetuar un sistema de justicia con dosis importantes de iniquidad. La agilidad de las nuevas tecnologías ha de implantarse definitivamente en los juzgados a la hora de comunicar, documentar, compartir información, y en cualquiera de los pasos de un procedimiento.
Los errores en cualquier sistema pueden llegar hasta unos límites tolerables. El sistema de justicia y su prolongación en el penitenciario los sobrepasan a diario con una impunidad impensable en otros servicios públicos. Con todo esto añadimos escarnio al agravio de ser víctimas y convertimos a menudo en tales a delincuentes en proceso de reeducación.
Cristóbal Sánchez Blesa
Periodista y Presidente de Solidarios
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En el año 2005 tras romper la relación con mi novia, su hermano de 17 años me puso una denuncia falsa por agresión después de obtener un informe médico con un diagnostico de esguince cervical , pasados unos días se celebró un juicio rápido que una vez prestadas declaraciones por separado se me dió la opción de declararme culpable y así pagar una multa evitando males mayores, a lo cual me opuse, puesto que yo era totalmente inocente y creía en el sistema judicial . Pasado el tiempo se celebró un juicio oral, ( en este caso con público y gravado) esta vez la fiscal solicitaba 5000 euros de indemnización ( porque la supuesta víctima había estado en tratamiento psiquiátrico por el trauma ocasionado ) y dos años de prisión. Mi abogado pidió un informe psiquiátrico del denunciante ( ya que sabíamos que tenía historial anterior a los hechos por problemas mentales ) pero el juez lo denegó sin argumentos . Al juicio fueron citados dos peritos forenses , uno no acudió ( por baja ) y el otro afirmó que el denunciante no presentaba síntomas de violencia y el esguince no necesariamente se produjo por una agresión . Al tiempo llegó la sentencia con varios errores en la que se me condenaba a lo pedido por la fiscal , mi abogado presentó un recurso que constaba de seis páginas donde sobre todo aclaraba los errores de dicha sentencia y volvía a pedir un informe psiquiátrico del denunciante. Esta semana me ha llegado el aviso de que el recurso no ha cambiado nada , y que por ser la sentencia firme he de pagar gastos de juicios , 5000 € de indemnización y dos años de prisión ( que en principio no cumpliré por no tener antecedentes penales) .He escrito al defensor del pueblo y me contestan que carecen de facultades para revisar resoluciones dictadas por jueces.¿ Así es España ?
Jamás creeré en la justicia, me están humillando y robando de forma legal , no entiendo como se puede condenar a una persona sin una sola prueba en su contra, como un delincuente puede burlar a todo un sistema judicial, como se puede permitir el fomento de este tipo de delitos por la incompetencia en los juzgados.
A MARCELO: realmente espectacular tu caso, pero no creas que es el único. Nunca hemos sabido ni tenido claro que hay detrás del aparato judicial de este país que dicta sentencias de esta forma tan arbitraria… Pienso que quizás tiene algo que ver con que es un sistema heredado de la dictadura que no se ha modernizado, tal como ocurre por ejemplo con la Universidad Española, que es otro sistema heredado que todavía mantiene muchas de las formas y defectos del pasado… Al fin y al cabo, ambos son dos aparatos de poder y, como tales, podemos imaginar sin demasiado esfuerzo que los correspondientes grupos de influencia, sean partidos políticos, sean mafias, sean sectas, etc., están interesados en su control… Sin que te sirva de consuelo, te pongo aquí el link a uno de mis escritos para que veas que este tema, lamentablemente, más que una singularidad parece una normalidad:
http://www.ellibrepensador.com/2008/08/28/aparato-de-justicia-en-accion/
un saludo y ánimos, en tu caso en ración doble.