Causa estupor comprobar que la Unión Europea no existe como un poder soberano. A la hora de la verdad, cada uno de sus 27 miembros actúa como quiere y desprecia las instituciones que soberanamente nos hemos dado los ciudadanos.

En lo militar, dependemos de la OTAN y ésta de lo que decida el gobierno de Estados Unidos. En medioambiente, como en educación y formación superior, cada país tira por su lado. Por eso, no existe una auténtica libertad de circulación de la mano de obra, ni de las personas con titulaciones superiores. Con lo fácil que hubiera sido homologar la educación para todos los ciudadanos, como rige en cada uno de los países de la Unión Europea. Han abolido las obsoletas fronteras que no nos podían proteger de la contaminación, ni de los peligros de catástrofes nucleares, ni del control indiscriminado de las comunicaciones personales.

Internet y la revolución de la información han facilitado las relaciones humanas y comerciales. Pero también han proporcionado un arma de control masivo a los poderes dominantes sobre correos electrónicos, conversaciones telefónicas, transacciones comerciales con el cada vez menos seguro dinero plástico, control de datos personales so pretexto de defendernos. Eso sí, se han montado agencias policiales de datos con acceso de diversos países y cuerpos de inteligencia para protegernos mejor de los terroristas.

¿Cuándo nos atreveremos a denunciar que los peores terroristas son los que comercian con nuestras vidas, con nuestro sustento, con nuestra salud y con nuestro derecho a una vivienda y a un trabajo dignos? Son los responsables de las guerras, del narcotráfico, de la impunidad en los paraísos fiscales, del blanqueo de dinero del crimen organizado, de las estafas inmobiliarias y de la destrucción de nuestras costas y de la contaminación de los mares y de la atmósfera.

Creo que hay indicios suficientes para una alarma general ante la fragilidad de nuestra autonomía personal y la creciente vulnerabilidad. Y eso que los neoliberales han sostenido que el fin principal del Estado era la seguridad, y no la justicia social, la defensa de los derechos humanos y de las libertades generales en la tarea de procurar el mayor bienestar para todos los seres.

El fracaso del modelo de desarrollo económico que estamos padeciendo y la injusticia radical del capitalismo salvaje nos están mostrando en estos meses que vivimos en un volcán.

No fuimos capaces de atender al grito de los pobres y de los excluidos. Ni hemos invertido en medios suficientes para proporcionar la salud general para todos, ni la educación universal obligatoria y gratuita, ni terminado con el hambre que padecen cuatro quintas partes de la humanidad.

Impresiona constatar con qué facilidad Estados Unidos ha votado a favor de un rescate de 700.000 millones de dólares para ayudar a los banqueros temerarios y de directivos de grandes corporaciones para enjugar sus pérdidas. Y ese dinero, más el ya empleado en salvar a varias grandes empresas, va a sobrepasar el billón de dólares (no miles de millones como algunos mal traducen, sino un billón, un “millón de millones”). Sin contar con lo que la Comisión Europea ha acordado para garantizar fondos de depósitos y las exorbitantes cifras que Irlanda, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia ya han adelantado por su cuenta.

Aparte del escándalo por las repercusiones de esta crisis financiera y económica en el resto de los países del mundo, sobre todo en los más empobrecidos que seguirán condenados a aportar mano de obra barata y sus riquezas naturales sin recibir la contraprestación económica debida. Ellos no cuentan. Son una inmensa mayoría, pero no cuentan más que como objetos de transacción o de consumo.

Con una decisión del G 8 más Rusia, con 40.000 millones de dólares anuales, en diez años, se podría terminar con el hambre en el mundo, ofrecer educación primaria y asistencia sanitaria, así como luchar con éxito contra la contaminación del medioambiente y de prevenirnos ante la explosión demográfica que tenemos encima. ¿Qué significan 400.000 millones de dólares ante el billón que se disponen a gastar sin las suficientes garantías? De nuevo, se beneficiarán los culpables de esta catástrofe y no sus víctimas.

José Carlos García Fajardo

Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Director del CCS