EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Cada vez se me hace más cuesta arriba seguir viviendo en este país al que tanto quiero.
Los que somos partidarios de la igualdad y de la justicia, vemos como día a día se está afirmando, cada vez más, esa frase de que «todos somos iguales pero hay algunos que son más iguales». En cuanto a la aplicación de la justicia, vemos también como unos y otros son tratados con diferentes varas de medir y además a esos unos se les aplica, siempre, la parte más benévola y blanda en todo lo que comporta la dureza de una sentencia.
Como es sabido al ex alcalde de Orihuela, Luís Fernando Cartagena, se le ha aplicado el tercer grado a los tres meses de ingresar en la cárcel. Eso no está al alcance de todos, sino de unos pocos. Según los medios de comunicación, La Verdad e Información, ambos de la provincia de Alicante, han tenido especial influencia en esta decisión de concederle el tercer grado «las evaluaciones realizados por los psicólogos de Instituciones Penitenciarias concluyen el buen estado de salud de Cartagena Travesedo, y concluyeron en sus informas la viabilidad de su salida de la cárcel». Creo que los psicólogos se refieren a su salud mental pero ¿cuantos presos hay que están bien de salud mental y no se les aplican estos beneficios? Siguen diciendo los facultativos que le han examinado «puesto que además no hay peligro de fuga porque exista intención de eludir la acción de la justicia ya que, en todo caso, devolvió el dinero por el caso que supuso su condena». Devolvió el dinero, sí, pero esa no fue su intención primaria ya que si hubiera sido así no hubiera presentado facturas falsas para justificar el empleo de esos 49.000 euros que le confió una congregación de monjas y de los cuales Cartagena se apropió. Devolvió el dinero, por que se descubrió que las facturas eran falsas, en un intento por eludir la acción de la justicia. La «historia» del caso es la siguiente: 1993: Se apropia de 49.000 euros de una orden religiosa siendo alcalde de Orihuela. 2002: La Audiencia Provincial le condena a cuatro años de cárcel por malversación y falsificación. 2004: El Tribunal Supremo confirma la sentencia. 2008: El Gobierno le deniega el indulto que había solicitado cuatro años antes. El 16 de julio ingresa en la cárcel de Villena, de donde es trasladado a Albacete. Tres meses después se le concede el tercer grado y sólo tendrá que ir a dormir a un centro de inserción social (CIS) concretamente al de Picassent (Valencia) un centro social que por cierto está masificado, con lo cual no sería nada extraño que al final Cartagena durmiera todos los días en su domicilio particular.
El contrapunto de todo esto es que cualquier persona por que pasa hambre y la sociedad le margina o cualquier enfermo por drogadicción cometen un hurto, no hace falta que sea muy importante, le cae un buen marrón y cumple hasta el último día de condena. A la mayoría de ellos se les aplican, faltaría más, los beneficios penales pero siempre que hayan cumplido las exigencias más duras para poder llegar a lograr esos beneficios.
Pero no solo se trata de que algunos reciban un trato «especial» en sus condenas, también se piden amnistías para los defraudadores a la Hacienda Pública. Recientemente el director general de la Caja Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, fue quien dijo que había que buscar alguna forma de amnistía para que aflorasen esos 60.000 millones de euros andan sueltos por ahí convertidos en dinero negro y que darían para que la economía funcionara durante dos años. No se mostró a favor ni en contra de la medida pero ahí queda eso. Pero mira por donde el presidente de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante (COEPA), Modesto Crespo, ha dicho que él tampoco cuestiona la amnistía desde un punto de vista moral, pero dijo: «creo que debería estudiarse a fondo, ya que si bien incluye un gran componente de injusticia social respecto a la mayoría de los empresarios que sí cumplimos con lasa obligaciones fiscales -se le ha olvidado el jefe de los empresarios alicantinos que los trabajadores también cotizan a Hacienda- a veces hay que pensar en el mal menor». No creo que el mal menor sea el de «legalizar» a los defraudadores.
Cuando compruebas como actúa la justicia, cuando vez como se manifiestan dirigentes del mundo de la economía, uno llega a preguntarse, seriamente preocupado que en que están convirtiendo a España, o si se están buscando los senderos que todos creíamos ya destruidos que nos puedan hacer volver a aquellos cuarenta años en que España era para cuatro y los demás a joderse y a aguantar.
