Las leyes educativas tienen una particularidad. Son, dicho en términos musicales, de «tempo lento». Su aplicación tarda en hacerse años, mientras se va implantando en las distintas etapas del sistema. Hay otra cosa: sus frutos -perversos o benéficos- tardarán también años, quizá décadas, en hacerse patentes. La sociedad futura, su capacidad de creación y adaptación, sus pautas culturales y morales serán la prueba que nos confirmará si erramos o acertamos con lo que hacemos con nuestros niños y jóvenes dentro de los muros del colegio.
Todo esto tiene un claro corolario en el terreno político: no sirven los oportunismos, los gestos a la galería, las fórmulas fáciles y con frecuencia demagógicas; en una palabra, las acciones para mañana o pasado mañana, a corto plazo, con cortas miras. Todos estos usos son nefastos en cualquier política, pero en la educativa, es una pura contradicción y un camino suicida.
En España, en estos temas, los últimos años no han podido ser más movidos. La LOGSE, que comenzó en la primera legislatura socialista, ha sido una ley controvertida y contestada (sobre todo «ad intra», en el propios mundo educativo, que tan poca repercusión pública suele tener). El siguiente gobierno no pudo o no se atrevió a cambiar sus líneas maestras, aunque, en su segunda legislatura, prepara una reforma que hubiera dado como resultado la LOCE. Pero se pierden las elecciones y, en lugar de tener la LOCE popular, nos llega la LOE socialista, que ahora se encuentra en su primeros tramos de aplicación. En el caso andaluz, tenemos además la LEA que viene a sumar más complejidad a un ya complejo mundo normativo. No entro en la valoración de los contenidos de estas leyes; sí en que es un desatino que en tan pocos años haya habido varios sistemas legislativos que se superponen y contradicen en ocasiones con la consiguiente inestabilidad, falta de planteamientos a medio plazo, ausencia de ideas claras sobre las líneas maestras.
¿Cómo salir de este desaguisado? No parece que haya otra forma que llegar a un acuerdo en esta materia entre los dos partidos principales. Un acuerdo amplio, leal, claro, con vocación de continuidad. Y que no cambie el sistema de una forma traumática a cada cambio de gobierno. Habrá que tener en cuenta la complejidad de una sociedad como la española, los retos que nos esperan en el futuro; y, dentro de estas coordenadas, compaginar la voluntad de integración y universalidad del sistema (un sistema para todos), con la calidad y la persecución de la excelencia (igualdad de oportunidades, pero no de resultados).
A esto hay que añadir cierta homogeneidad para que el sistema educativo sea (como el francés) «nacional», con lo que añadimos una tercera pata a este banco: los partidos nacionalistas debían entrar en este acuerdo, dejando un margen claro y generoso del llamado «currículo» (palabra horrísona) a unos contenidos comunes que nos aglutinen a todos en torno a unos valores compartidos.
Si poner de acuerdo a los dos partidos principales de España es harto dificultoso, meter en este asunto a los nacionalistas y esperar de ellos una actuación clara y leal es poco menos que una quimera. No sé si seré un pesimista o un optimista bien informado, pero me temo que este acuerdo educativo tendrá que esperar.
