El Gobierno español busca el estrangulamiento económico de las mafias que trafican con mujeres mientras facilita su adaptación a la sociedad, en lugar de ser tratadas como delincuentes.
Llega la hora del “decomiso exprés” para los traficantes de mujeres. En 2009 el Gobierno español aplicará, como al narcotráfico y al contrabando, el estrangulamiento económico a esta mafia. Los beneficios de los decomisos se destinarán a la lucha contra estos delitos.
Esa lucha buscará ampliar la denuncia y la colaboración de las víctimas para detener a sus proxenetas. La directiva europea de 2004 otorgaba a las víctimas el permiso de residencia si colaboraban, lo que favorecía de no hacerlo la exclusión social, que se les tratara como inmigrantes delincuentes y que las mafias vieran desviada su responsabilidad en el tráfico sexual.
El nuevo plan no expulsa a las que no lo hagan de inmediato, sino que deja un plazo de 30 días para denunciar.
Los proxenetas producen un flujo constante de niños y mujeres a nivel mundial. Alrededor del 90% de las prostitutas en España son extranjeras, la mayoría víctima del tráfico sexual. Como en España, la región de procedencia en muchos casos es el África Negra, seguido de Latinoamérica y Europa del Este. Zonas todas ellas caracterizados por la inestabilidad política y económica.
En las regiones fronterizas de Tailandia, Burma y Camboya, los reclutadores compran a los niños para prostituirlos en burdeles abiertos a los turistas sexuales internacionales. No son los únicos. En Brasil, Venezuela y Colombia, los raptos de chicas en las calles hacen presagiar su futuro. Pero, comparadas con el tráfico de drogas y armas, las penas previstas para el tráfico de personas son muchas veces inferiores.
El tráfico organizado actúa como una trasnacional. Los organismos internacionales que luchan contra estos crímenes necesitan las estructuras legislativas nacionales, la armonización de las legislaciones regionales y la concienciación al respecto. Los traficantes prometen una oportunidad en el país de destino. Una vez allí, aprovechan la situación de clandestinidad de sus víctimas para ejercer el tráfico con ellas.
El tráfico es explotación de la inmigración. Las políticas restrictivas a menudo dañan a los inmigrantes más vulnerables. La inmigración discriminatoria favorece a las redes mediante la fuerte restricción de los canales legales. Los controles fronterizos estrictos tienen poco efecto en los traficantes. Las redes son los principales actores internacionales en facilitar el acceso a los países de destino. Los traficantes de mujeres se incluyen, en muchas ocasiones, en dichas redes ilegales de inmigración. Esos mismos autodenominados como “protectores” les introducen en las redes globales de tráfico sexual.
Pese a las diferentes reformas legislativas nacionales, la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Prostitución Ajena, con más de 50 años de existencia, sigue sin llevarse totalmente a la práctica. Muchas mujeres son separadas de la sociedad para ser utilizadas como mercancías sexuales. La realidad asusta tanto que, en lugar de cambiar todo aquello que lo provoca, las fronteras se cierran con mayor brusquedad. Es un acontecer ajeno, lejano a causa de la actitud de quien lo observa. Las prostitutas inmigrantes son consideradas como una casta inferior, han sido relegadas a un segundo plano. Las mismas sociedades que se compadecen de su situación, han vulnerado sistemáticamente sus pocos derechos. La exclusión social esconde ese miedo por la realidad desconocida.
Frente a ello, los traficantes dominan el terreno, son expertos en la globalización de los vacíos legales en los países de destino. La trata de mujeres responde a la regla mercantil de oferta y demanda. Los proxenetas, amparados por la ausencia de papeles de sus víctimas, cubren la oferta. Pero, ¿qué hay de la demanda? Los mismos Estados que proponen el “decomiso exprés” de los traficantes, las mismas sociedades que denuncian dichas redes, agudizan el proceso de “cosificación” de seres humanos. La solución de un problema empieza en su reconocimiento. Lejos de ofrecer remedio, la exclusión social de las víctimas del tráfico sexual recuerda todo el trabajo que queda por hacer.
Laura Revuelta Mateos
Periodista
10/02/2009 en 10:38
Hetaira ante la aprobación del Plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual
Nos preocupa que ante la grave violación de los derechos humanos que significa la trata, sólo se haya elaborado un plan centrado en “fines de explotación sexual”
El pasado viernes, día 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. A la vista del contenido de dicho plan,
Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas) quiere hacer constar lo siguiente:
1. Nos congratula que el Gobierno haya elaborado por fin un plan contra la trata de seres humanos. No obstante, nos preocupa que ante la grave violación de los derechos humanos que significa la trata, sólo se haya elaborado un plan centrado en “fines de explotación sexual” y se hayan dejado fuera otras formas de trata de seres humanos (explotación laboral en otras actividades económicas, matrimonios forzosos o servidumbre). Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Unión Europea, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es ni la única existente ni tan siquiera la mayoritaria en porcentajes (entre el 20 y el 32% de los casos).
2. Nos parece muy acertada y apoyamos la distinción que se hace en la introducción entre trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes. No obstante, en el conjunto de medidas propuestas por el Gobierno esta distinción queda oscurecida, pues en muchas ocasiones se trata de manera equivalente ambos fenómenos.
3. Nos resulta especialmente preocupante que las medidas que propone el plan para la protección y atención de las víctimas estén condicionadas a la denuncia y colaboración en la persecución de las
redes criminales. La trata es un delito de tal gravedad que la protección de las víctimas debería ser el centro de las actuaciones gubernamentales. Éstas tienen que ser consideradas sujetos de protección, de derechos y de reparación, independientemente de su colaboración policial o judicial.
Por el contrario, en el plan presentado por el Gobierno las víctimas son consideradas fundamentalmente testigos en los procesos judiciales, cuando no delincuentes si no quieren colaborar. En este sentido, echamos de menos medidas sociales y no sólo policiales, para la detección precoz y la protección de las víctimas. Es urgente que cesen las expulsiones y deportaciones de víctimas a sus países de origen.
4. Creemos que el Gobierno se equivoca cuando afirma que: “No se puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución”.
Para nosotras es fundamental que se entienda la prostitución “decidida” como una actividad económica que debiera contar con derechos laborales y la prostitución forzada como un delito (1). Sin
embargo algunas medidas están encaminadas a combatir la prostitución (control de los anuncios de contacto en los medios de comunicación, educación para reducir la demanda) no la trata de seres humanos.
5. Las medidas propuestas están pendientes de un desarrollo posterior cuya eficacia habrá que valorar en su momento, pero algunas son claramente insuficientes. Por ejemplo, los 30 días de plazo de reflexión de las víctimas para que decidan si quieren denunciar son pocos, tal y como vienen explicando las ONG’s que trabajan con víctimas de estrés pos-traumático y que señalan la necesidad de 90 días como mínimo.
6. Nos preocupa especialmente que el plan no mencione explícitamente la posibilidad de la obtención de permiso de trabajo para las víctimas, imprescindible para su recuperación e inserción
social y que sólo nombre el permiso de residencia para quienes previamente hayan denunciado.
7. Por último, nos congratulamos de que el Gobierno se comprometa a realizar estudios e investigaciones que arrojen luz sobre la trata de seres humanos y sus consecuencias, de modo que se pueda intervenir en la recuperación de las víctimas y ayude a poner en marcha recursos sociales adecuados y acertados.
Madrid, 14 de diciembre de 2008
Hetaira
(www.colectivohetaira.org)
Hetaira(Premio René Cassin por la Defensa de los Derechos Humanos 2003) forma parte de:laPlataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo;ICRSE(Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo en Europa); TAMPEP(Red Europea
para la Prevención de HIV/STI y Promoción de la Salud entre Trabajadores Migrantes del Sexo) y ENAT(Red Europea de Cooperación a favor de Mujeres y Menores Víctimas de Tráfico y Explotación Sexual).
(1) Para combatir de manera eficaz la prostitución forzada es imprescindible reconocer en las leyes laborales la prostitución voluntaria, dotando a trabajadoras y trabajadores del sexo de
instrumentos legales para luchar contra la sobreexplotación laboral que hoy sufren, debido a la falta de regulación de este sector. Sólo regulando laboralmente esta actividad y controlándola con las
inspecciones de trabajo pertinentes las personas que ejercen la prostitución tendrán mejores condiciones de trabajo y las redes criminales que trafican con mujeres en la industria del sexo no podrán ampararse en la situación de alegalidad que hoy se da en este sector.
Ello facilitaría enormemente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.