Las empresas constructoras que cotizan en bolsa redujeron beneficios al tiempo que aumentaron los dividendos de sus accionistas
Hace unos días, hacíamos público un comunicado en el que resumíamos un informe del Gabinete Técnico de CCOO, a partir de los datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sobre 176 empresas que abarcan una plantilla de 1,7 millones de trabajadores. CCOO afirmaba que “con o sin crisis, las grandes empresas han seguido repartiendo dividendos a pesar de que la crisis ya había hecho mella en sus resultados”. Preferían la rentabilidad inmediata a la inversión y el mantenimiento del empleo como mejor opción para garantizar la viabilidad futura de las empresas.
Si los datos de la CNMV se analizan por sectores y empresas, observamos que las seis grandes empresas constructoras que cotizan en bolsa han reducido un 49% sus beneficios en el primer semestre de 2008 respecto al mismo semestre de 2007, al tiempo que incrementaban los dividendos a sus accionistas hasta los 716 millones de euros. El descenso de beneficios ha sido especialmente acusado en compañías como Ferrovial, FCC o Sacyr Vallehermoso (que incluso ha incurrido en pérdidas, por su mayor exposición inmobiliaria y su fallida apuesta energética). Otras compañías han sostenido mejor sus beneficios, en parte por su fuerte vinculación al sector eléctrico (ACS, Acciona).
A pesar del fuerte descenso de los beneficios, todas las constructoras han incrementado sus dividendos (la única excepción, Acciona, que ha reducido su dividendo pese a aumentar sus beneficios). Es decir, las empresas constructoras han acentuado el reparto a corto plazo del beneficio entre sus accionistas, mostrando su escaso grado de compromiso con la solvencia y sostenibilidad de sus empresas, al mismo tiempo que no dejan de reclamar mayor gasto público en infraestructuras y vivienda.
CCOO muestra su sorpresa por el insuficiente compromiso de una parte de los gestores y accionistas para con sus empresas, primando su rentabilidad financiera personal frente a la propia viabilidad de la empresa, lo que, a su juicio, viene a cuestionar la asignación de ayudas públicas a los mismos gestores y propietarios que nos han conducido a esta situación, cuando no existe ningún compromiso de rectificación de conducta ni de modelo.
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