El Estado democrático no puede permitir ordenamientos jurídicos alternativos. En una sociedad multicultural el respeto a las tradiciones religiosas y a las costumbres no es ni debe ser ilimitado.
El respeto a las señas de identidad de las minorías no puede sacrificar valores democráticos, escribe Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona. En su artículo refería la peripecia de una mujer de Mauritania, residente en España, y condenada por un tribunal español por haber casado a su hija a los 14 años y haberla forzado a mantener relaciones sexuales con un hombre de 40 años.
Necesitamos a los inmigrantes al igual que nosotros hemos emigrado a otros países. Somos tierra de acogida, no puerto de llegada. Nadie emigra por turismo, se emigra por necesidad. Si los que llegan tienen costumbres y tradiciones, en los países que los acogen también existen valores, costumbres y leyes que respetar. Reglas de juego de la convivencia social.
Los países desarrollados y democráticos se rigen por constituciones y cartas de derechos humanos que se han dado en el ejercicio de su libertad. Mantener estas conquistas humanas, políticas y sociales, que naturalmente atraen a los inmigrantes, entraña una serie de obligaciones y de limitaciones que han de ser respetadas por todos, nacionales y extranjeros, residentes en el país.
La joven mauritana, cuyo caso nos ocupa, denunció a sus padres, residentes en España, por haberla obligado a ir a Mauritania para casarse y de regreso a su domicilio en Cádiz para repetir la experiencia con un marido 26 años mayor que ella. La condena ha sido por la comisión de los delitos de agresión sexual, coacciones y amenazas. La madre de la joven mauritana ha pedido respeto para sus tradiciones, y sus compatriotas han reclamado lo mismo ante la puerta del órgano judicial, afirmando que: «Os respetamos en nuestra tierra. Respetadnos en vuestra tierra».
Así se producen cada vez más protestas y desafíos a la autoridad con motivo de su negativa a aceptar la igualdad de chicos y chicas en los colegios, o a aceptar la escolarización obligatoria de las adolescentes, las normas para el carné de identidad que exigen la foto del rostro descubierto, que la carne para alimentación se sacrifique en mataderos municipales y supervisadas por veterinarios oficiales, el respeto a la libertad de elección en el matrimonio, las prácticas que ofenden a las normas establecidas como la ablación del clítoris, castigos corporales, o ayunos impuestos a menores como purificación religiosa, como acaba de suceder en Francia.
Está claro que el régimen político de nuestros países se basa en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. El valor constitucional del pluralismo garantiza que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, raza, religión, género, opinión o cualquier otra circunstancia. Pero, en una sociedad multicultural, el respeto a tradiciones religiosas y costumbres que manifiestan en sus conductas no es ni puede ser ilimitado. Atentaría contra los principios constitutivos del estado democrático que respeta los derechos humanos fundamentales.
Como en algunas ciudades y regiones ha habido un notorio incremento de personas naturales de una misma tradición se corre el peligro de que se recluyan en barrios, comunidades y zonas que los llevarían a guetos inaceptables en una sociedad civil democrática.
De ahí que hayan surgido manifestaciones en contra de las atribuciones de los jueces que consideran como atentado a la libertad de una persona menor de edad a casarse y mantener relaciones sexuales. Eso constituye un delito en nuestros países europeos y ante ello no hay tradición que pueda oponerse. El Estado no puede permanecer indiferente a lo que ocurre en su territorio, sino que ha de hacer respetar la dignidad y derechos de las personas. En este sentido, afirma el profesor Carrillo, las reglas privadas de la comunidad familiar nunca pueden prevalecer si la libertad del individuo está en peligro.
Y aduce, en nuestro contexto español, los casos ignominiosos de violencia doméstica, la oposición de sectas religiosas a las transfusiones de sangre, o el sectarismo moral del que hacen gala otras sectas religiosas con los enfermos terminales y la falta de respeto a otros derechos y obligaciones establecidos en las leyes, como el de estudiar Educación para la ciudadanía, matrimonio civil o uniones de hecho, divorcio, custodia de los hijos, interrupción del embarazo de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en las leyes, y el derecho a una muerte digna.
Nuestro empeño para que se respeten derechos básicos y superar situaciones de injusticia social y rémora moral nos faculta para exigir a todos el respeto a los valores democráticos como la dignidad o la libertad de la persona.
El Estado democrático no puede permitir ordenamientos jurídicos alternativos. Es decir, el caos y el desconcierto que conducirían a la pérdida de las conquistas políticas, jurídicas y sociales que con tanto esfuerzo hemos conseguido.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la UCM. Director del CCS
