EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Yo no sé por qué motivo, la oposición y los empresarios vienen reclamando de forma constante y machacona que se lleve a efecto una reforma laboral. La reformar laboral ya hace unos meses que ha entrado en vigor y además en su máxima dureza. Si no es “reforma laboral” el meterles el miedo en el cuerpo a los trabajadores pidiéndoles no ya congelar sus salarios sino sacrificar parte de los mismos, hay empresas que lo han hecho en varios plazos y al final han cerrado sus puertas con lo cual se ha demostrado que el mal no está en si ganar más o ganar menos los trabajadores tiene algo que ver con la subsistencia de los puestos de trabajo, sino que por el contrario está en la falta de capacidad de gestión de sus empresas de muchos de los mal llamados empresarios. Lo malo es que esto de bajar los sueldos se da en grandes empresas dirigidas por, dicen, “sesudos” varones cuya incapacidad para regentarlas la quieren disimular asignándose opíparos sueldos y primas que por lo visto no encarecen los costos. Al parecer los sueldos de los directivos son sueldos blancos y blandos que no representan peligro alguno para la supervivencia de la empresa. Si esas medidas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores, propiciando salarios de hambre, no son una “reforma laboral” pura y dura que alguien lo diga.
Creo que muchos recuerdan el célebre “decretazo” exactamente el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, “de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad”. Si es así, también muchos recordarán que con fecha 28 de marzo de 2007 el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la cual se declaraba que dicho Real-Decreto era inconstitucional por que vulneraba el artículo 86.1 de la Constitución Española. Artículo y apartado que dice lo siguiente: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de los Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general”. Obvio es decir que el Tribunal Constitucional dictó sentencia contraria al contenido del llamado “decretazo”· porque contravenía todo lo que el contenido del artículo 86.1 “de la CE protege, entre ellos los “derechos deberes y libertades de los ciudadanos”. Esa fue la “reforma laboral” que hizo el PP cuando gobernaba y la que pretender imponer ahora. En su primera intentona el Gobierno de Aznar no tuvo escrúpulo alguno de involucrar al Rey pasándole a la firma un decreto que atentaba contra los derechos, deberes y libertades de los españoles. Esto nos da la medida de cuál es la verdadera intención del PP a la hora de “defender” a los trabajadores. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces.
