El ataque a los paraísos fiscales responde más a las nuevas medidas para rescatar el sistema financiero que a proclamas éticas y de justicia.
El G20, con Obama a la cabeza, y con gran aplauso del conjunto de la Unión Europea, Japón o Rusia, ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra los paraísos fiscales. Y no sólo contra los 33 países que la OCDE califica como tales, sino también contra otros que mantienen determinadas políticas que pueden tener esa consideración en ciertas parcelas.
Hace mucho tiempo que pequeños países como Bahamas, Bahrein, Bermudas, Islas Caimán o Liechtenstein han recibido tantas críticas de gobiernos y organismos internacionales, como depósitos de millones de dólares por parte de entidades y personas anónimas de todo el mundo. Durante muchos años se ha transigido, con la falta de transparencia de la que hacen gala y con sus exóticos requisitos para formalizar la localización de empresas extranjeras en sus territorios. No han competido en igualdad de condiciones respecto a otras áreas financieras y pocos han alzado la voz. De hecho, la mayoría de los bancos, fondos, depósitos y transnacionales importantes del mundo tienen allí abiertas sucursales para la realización de operaciones de difícil justificación en sus países. Algún tipo de mano poderosa, invisible y manchada ha permitido la subsistencia de unos países que, con patente de corso y de origen tan turbio, han actuado sin sometimiento a ningún control.
Llega la crisis actual y los gobiernos del mundo caen en la cuenta de que en esos agujeros negros de la economía residen muchos de los males del sistema financiero y se lanzan a una cacería (verbal de momento) que quiere desembocar en su regularización. Sorprende que el correctivo se extienda más allá de esos países señalados y llegue a la blindada Suiza, celosa como nadie del secreto bancario pero respaldada por leyes y tradiciones de indudable seriedad. También llama la atención que se hable, aunque con voz más tenue, de la necesidad de esclarecer la gestión de los offshores de tierra firme. No olvidemos que el distrito financiero de Londres, estados como Nevada, Delaware o Wyoming en Estados Unidos, o el mismo Japón, practican un tipo de relaciones financieras muy cercanas a menudo a las prácticas corruptas de los paraísos.
Sin embargo, mucho nos tememos que el desencadenante de esta campaña no es un impulso ético para restañar una herida sangrante. No creemos que se trate tampoco de una causa general abierta contra una partida de saqueadores a los que se quiere sentar en el banquillo para hacer justicia. Tampoco una venganza ni una manera de poner a cada quien en su sitio. Aunque ciertamente con algunas de estas prendas se ha vestido la arremetida.
Nuestra reflexión sigue más bien la pista que van dejando las medidas de salvamento financiero que la mayoría de los gobiernos han puesto o ponen en estos momentos en práctica. En conjunto, después de dos años de crisis, si juntamos las partidas en dinero público para apoyo a entidades financieras, el dinero para la revitalización del sistema productivo y de la actividad empresarial y las inyecciones para tapar los agujeros en el Estado de bienestar, la cifra es descomunal. Ninguna generación ha conocido un esfuerzo económico global semejante para abordar una situación económica difícil. Como nadie habrá conocido un déficit en las cuentas de los Estados como el que nos quedará al acabar ésta.
Entre las pocas evidencias que encontramos en esta época de incertidumbres, la más clara es que el erario público se surte, como principal fuente, de la actividad de los ciudadanos y de los impuestos que ésta devenga. Así pues, la presión fiscal en los próximos años va a crecer, y mucho, digan lo que digan los políticos actuales. La economía puede ser interpretable, la contabilidad no y cualquiera puede sumar y restar para sacar sus propias conclusiones.
Para terminar, y sin olvidar el contexto, ningún país hoy se puede permitir el lujo de que sus ciudadanos, y en especial los más ricos, evadan capitales hacia la caja sin fondo e incontrolable de los paraísos fiscales. Detrás del varapalo a éstos se ve trabajar a los fontaneros del Estado tapando las grietas por donde hoy se escapan unos fondos que serán imprescindibles en los próximos años. Una vez selladas las fronteras económicas (y tomadas otras medidas paralelas), vendrán las impopulares medidas recaudatorias.
Cristóbal Sánchez Blesa
Presidente de SOLIDARIOS para el Desarrollo. Periodista
