El artículo 47 de la Constitución española establece que todo ciudadano residente en territorio nacional tendrá el derecho a una vivienda digna, pero antes de empezar a reclamarla habrá que entender lo que significa vivienda digna.
Una vivienda digna debería de ser un lugar para residir con las infraestructuras y servicios que marquen los usos y costumbres de la sociedad en la que se resida. Es decir, el concepto de vivienda digna debería de ser entendido en términos relativos y no en términos absolutos.
No es lo mismo una vivienda digna en Somalia, por ejemplo, que en España, no es lo mismo lo que se espera de una vivienda digna en Brasil de lo que se puede esperar en Estocolmo.
Pero una vivienda digna debe medirse también en términos de gasto y de inversión, es decir, una vivienda digna viene determinada por lo que se paga por ella. Así no es una vivienda digna la que se paga por encima de su valor ni tampoco aquella por la que no se paga nada.
Durante todos los años de la burbuja inmobiliaria ningún español ha podido acceder a una vivienda digna ya que aunque ésta reuniera todos los servicios adecuados para ser considerada como tal, su precio excesivo la alejaba del concepto.
Por otro lado, existe un grupo de demagogos con mayor influencia de la que se podría pensar que abogan por una vivienda digna para todos, pero cuando piden vivienda digna están pidiendo, en realidad, una vivienda gratis, que no es lo mismo.
Porque una vivienda gratis para unos es injusto para los otros, para los que abonan religiosamente sus cuotas de hipoteca o sus mensualidades de alquiler, para los que dejan de gastar parte de sus ingresos para poder seguir teniendo una vivienda digna, que deja de ser tal en el mismo momento en el que otro ciudadano capaz recibe una vivienda de manera totalmente gratuita.
La demagogia está en resolver el chabolismo con vivienda gratis, porque ello perpetua la pobreza y posterga el problema. La solución sería ofrecer vivienda a un precio bajo para aquellas personas que realmente lo necesitan, pero obligándoles a tener que pagar parte de la vivienda en la que residen con lo que valorarían su posesión, aprenderían a manejar sus ingresos de manera eficientemente, y sería justo para el resto de ciudadanos que sí abonan sus cuotas.
