EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
El rechazo por parte de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Valencia encabezado por Juan Luís de la Rúa, del informe elaborado por la Unidad de Delitos Monetarios y Fiscales que pone en tela de juicio una posible financiación ilegal del Partido Popular, es algo que viene a poner de manifiesto que algo raro está ocurriendo en el sistema judicial y que el mismo precisa una revisión a fondo en lo referente tanto a métodos de trabajo como de comportamiento de algunos de sus principales actores. Me refiero, claro está, a algunos jueces.
Para que la Justicia recupere la credibilidad y la confianza de los españoles se hace necesario, entre otras actuaciones, revocar la decisión de archivar el caso de los trajes de Camps y de algunos de sus más cercanos colaboradores porque la más que manifiesta amistad, “institucional” según De la Rúa, de este con Camps, despierta la sospecha y la desconfianza de muchos ciudadanos. Millones son los españoles que no creen que esa amistad se haya mantenido al margen a la hora de decidir sobre el caso. Los ciudadanos consideran que De la Rúa, debió de inhibirse en lugar de entender en el caso sustituyendo a un juez que estaba de vacaciones y decidiendo el archivo entrado ya el mes de agosto que se considera un mes inhábil a efectos judiciales.
Otra de las medidas que se deberían adoptar es la de apartar al presidente del TSJV, Juan Luís de la Rúa, de la presidencia de este Tribunal ya que su mandato acabó el pasado 6 de julio. Su interinidad, su representación en funciones, no contribuye más que a sembrar la duda y la incredulidad entre los ciudadanos en todo lo concerniente al sistema judicial. Que alguien haga algo o lo que dijo el ex alcalde jerezano, Pedro Pacheco, sobre lo Justicia, quedará como un cumplido y no como un reproche al lado de lo que se pueda decir en un futuro no muy lejano sobre la Justicia y algunos de los que la administran.
