Los existencialistas nos dicen que la angustia surge en los individuos cuando perciben un futuro indefinido, un horizonte lleno de posibilidades al que la persona debe enfrentarse sin ninguna garantía, la angustia incluye, además, desesperación y temor. Los seres humanos son incapaces de vivir sin una confianza duradera en algo indestructible…
En las sociedades supuestamente civilizadas el Estado es –mejor dicho, debería ser- gerente y garante del bien común, para lo cual es necesario que el Derecho, la Economía, la Política se “reconcilien” con la Ética (que no es lo mismo que la “estética”, aunque suenen parecidas) Lo cual está bastante lejos de la situación de la España actual, en la que reinan la impunidad, la corrupción, el autoritarismo, y por supuesto, un profundo cinismo.
En esa reconciliación urgente de la Democracia con la Ética, con la Sociedad debe tener una especial presencia “la Justicia”, mediante un sistema de premios y castigos que promueva la excelencia y elimine la mediocridad y la impunidad que actualmente sufrimos, y que no nos merecemos. Estoy hablando de hacer realidad lo que nuestra Constitución proclama, aquello de que España es una Estado de Derecho, en el que todos: instituciones, dirigentes y la población en general (aquello que ahora llaman “ciudadanía”) asuman el cumplimiento estricto de la ley, extirpando la secular tendencia de los españoles a incumplir las normas, la pícara y ancestral actitud infractora que nos caracteriza, propia del que se salta un semáforo en rojo, o de los que se pasan por la entrepierna la Constitución…
La “Justicia” es posiblemente el ámbito de la Administración que menos simpatías suscita en la mayoría de los ciudadanos. La Justicia Española es enormemente injusta, fundamentalmente porque es lenta, cara y arbitraria… Es hora ya de que, los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales.
Hay que acabar con la idea que la mayoría de los ciudadanos españoles tienen de la judicatura, la idea de que es una casta privilegiada y que sus miembros gozan de impunidad e inmunidad… Las resoluciones judiciales, sus fundamentaciones, deben estar basadas en el articulado constitucional y no en las opiniones y preferencias ideológicas de jueces particulares; independientemente del tribunal o de la instancia de que se trate.
Para empezar debemos partir de que, en la actualidad el “Poder Judicial” no es un Poder Constitucional, dado que está descaradamente subordinado a los partidos políticos; los integrantes de la Administración de Justicia –por más que la Constitución diga lo contrario- no son independientes, ni responsables. Los medios de comunicación cuentan con demasiada frecuencia los disparates de los jueces, nos informan de los retrasos, de los enormes costes de la justicia, y de la sumisión del Consejo General del Poder Judicial al partido gobernante. A la única conclusión que se puede llegar es que a nadie de los que tienen capacidad de decisión, de poner orden en semejante desbarajuste, le interesa demasiado que el poder judicial recobre –o mejor dicho, adquiera- características de “poder constitucional”.
Hablaba al principio del texto de “la angustia”; la ausencia de angustia, la seguridad, el sentimiento de orden, guardan relación con que las decisiones judiciales sean predecibles.
La seguridad jurídica implica que las personas puedan saber a qué atenerse, tener suficiente certeza (certeza jurídica) de cual es la “conducta debida”, la conducta correcta,… Si el derecho es inconcreto o equívoco, las personas no podrán saber (¿cómo saber respecto de algo incierto?) cuál es la conducta que deben tener, qué es lo obligatorio, etc., y ese no saber a qué atenerse, esa incertidumbre, provoca inseguridad y angustia insoportables…
Los jueces en sus resoluciones deben ser predecibles. Las personas que acuden a los tribunales deben tener la certeza suficiente, de que los jueces van a “aplicar la ley”. Las decisiones judiciales deben poseer un grado razonable de certidumbre, de manera que los usuarios de los tribunales, los “justiciables” puedan saber con un margen suficiente de razonabilidad a qué atenerse.
Para que haya “confianza en la justicia”, también, debe desaparecer la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Lo arbitrario no es de recibo en un Estado de Derecho, pues el Derecho es, precisamente, lo contrario de la arbitrariedad. La seguridad jurídica implica la sujeción de los jueces al Derecho, los jueces se deben ceñir a los hechos, a la prueba, a la jurisprudencia…
Puede que lo que aquí se afirma no guste demasiado a los que están acostumbrados a las alabanzas, a las adulaciones, a los elogios “política y socialmente correctos”… Pero somos muchos, demasiados, sino todos al fin y al cabo, los que padecemos esta “Injusticia” travestida de justicia, maquillada de leyes cínicas e hipócritas, palabras vacías, retórica hueca…
Estoy hablando de un debate urgente, imprescindible, inaplazable si realmente se quiere recuperar él tantas veces cacareado “Estado de Derecho”…
