El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se remite ahora a las Cortes Generales. La nueva Ley incluye aspectos como el desarrollo de una carrera científica estable para retener y atraer talento científico, la creación de una Agencia de financiación que garantice un sistema de I+D más eficaz, y la transferencia del conocimiento al sector empresarial y a la sociedad para facilitar el cambio de modelo productivo.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituirá a la anterior Ley de 1986. La nueva normativa “adapta la legislación al gran progreso experimentado por el sistema científico español en los últimos años”, según un comunicado emitido por el Consejo.
El texto, según el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), incluye sugerencias de la comunidad científica, la universitaria y los agentes sociales, que se han recogido durante las últimas semanas.
La nueva Ley de la Ciencia incluye cuatro puntos principales. Uno es el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible «que permita retener y atraer talento científico». Se propone un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D.
También se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado. El texto aprobado hoy también reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) de la Administración General del Estado.
Agencia de financiación
Una agencia de financiación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica, y, al mismo tiempo, garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos, para conseguir «un sistema de I+D más eficiente y eficaz».
Entre las novedades del texto se incluyen las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación con el objetivo de promocionar los centros y unidades de excelencia, «para incentivar a los investigadores con mejores resultados científicos».
La normativa también “responde al cambio de modelo productivo”, y aborda diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público-privada con fines científicos y tecnológicos. Los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo, complementando lo que ya prevén la Ley de Economía Sostenible, quedan contemplados.
El cuarto punto hace referencia a los mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, y define un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica «para evitar duplicidades».
La importancia de la cultura cientifica
La Ley apuesta por la difusión universal del conocimiento científico y su apertura a la sociedad, recogiendo medidas “importantes” en materia de cultura científica y tecnológica. El Proyecto contempla que las Administraciones Públicas tengan, por ley, «el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia».
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, por su parte, incluirá medidas para promover la divulgación científica y la actividad de museos y planetarios, además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.
La Ley prevé la posibilidad de convenios de colaboración público-privada «que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales».
Á‰tica, perspectiva de género y publicación en abierto
Se creará el Comité Español de Á‰tica de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas. Este organismo establecerá los principios generales para elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación.
También se recogen en el texto aspectos trasversales, como el fomento de la perspectiva de género y participación de las mujeres en la actividad científica, «garantizando que no se produzcan sesgos ni discriminaciones negativas por cuestión de género».
La incorporación de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo en proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española, y la publicación en abierto (Open Access) de las investigaciones realizadas con fondos públicos serán también elementos básicos en la nueva Ley.
Fuente: SINC
