EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) presidido, provisionalmente y lo que te rondaré morena, por Juan Luís de la Rúa, ha intervenido en el nuevo escándalo en el que presuntamente están implicados altos cargos del Partido Popular, entre ellos el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, y no precisamente para aclarar las cosas sino para crear confusión, una confusión que sin duda alguna favorece al Partido Popular y perjudica a la ya más que deteriorada imagen del sistema judicial. De la forma en que el TSJCV plantea la cosa se puede decir que las detenciones y registros practicados el pasado martes día 6 de julio son poco menos que ilegales.
Según El País, el TSJCV ha emitido dos notas sobre los hechos en cuestión que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que es un claro intento de confundir a la opinión pública, en la primera, así lo entiendo yo, quiere demostrar que las actuaciones policiales del día 6 fueron ilegales para posteriormente decir que la policía tiene potestad para hacer lo que hizo. Reproduzco lo que al respecto se dice en El País: “El TSJCV en una primera nota emitida sobre las 11.00 horas, aseguró que el magistrado instructor, Carlos San Martín Gómez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, no había emitido ninguna orden de detención ni cédula de citación. Se destacaba desde el TSJCV lo siguiente: “Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna”, recogía expresamente la nota. En los mismos términos de contundencia se expresó en el apartado de las citaciones, aunque puntualizó que “el juzgado no tiene prevista actuación ni toma de declaración que guarde relación con estas diligencias en el día de hoy”, en alusión a la jornada de ayer, las citaciones serán hoy (8 de julio)” Hasta aquí lo que El País extracta de la primera nota emitida por el TSJCV. De la segunda nota El País publica lo siguiente: “A primera hora de la tarde, sin embargo, el mismo tribunal emitió una segunda nota que corregía la primera, lanzaba críticas nada veladas a Interior y la policía y desvelaba datos sustanciales del proceso emitido inicialmente. En esta segunda nota, el TSJCV, admite que los 19 registros policiales efectuados con motivo de las detenciones sí fueron autorizados por el juzgado instructor mediante un auto del pasado 1 de julio. También puntualizó que la policía sí tiene competencias para efectuar las detenciones realizadas durante la operación. El comunicado insiste en que no hay un auto de detención, pero admite también que “la policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación”. Y en cuanto a las citaciones, se señala: “La policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez”. Creo que esta segunda nota demuestra muy claramente que no tenía ningún sentido hacer pública por parte del TSJCV la primera que no venía más que a crear confusión y a dar que pensar a la gente que las manifestaciones de dirigentes del PP quejándose por lo que está sucediendo son muy parecidas, en el fondo, a las que el TSJCV señala en su primera nota. O sea que ante estas dos notas se plantea una pregunta: ¿Dónde puede existir la ilegalidad?
Otro punto que viene a abundar más en la falta de un verdadero deseo del TSJCV de aclarar las cosas es que se dice que el juez no sabía nada, sin embargo José Joaquín Ripoll, ha manifestado que en la comisaría de Alicante le entregaron una notificación para comparecer ante el juzgado instructor a las 14 horas del jueves 8 de julio. ¿Si el juez no sabe nada, como le entregan esa citación a Ripoll? A lo mejor tiene que comparecer ante un ordenanza del juzgado instructor.
Como ciudadano no me ha gustado la primera intervención, en este caso, del TSJCV me da la impresión de que alguien está apostando al “confunde que algo queda”.
