En una sociedad azotada por la crisis económica la apariencia y la estética cobran protagonismo. La crisis no se debe hacer visible en nuestras vidas, barrios y ciudades. Hay que aparentar normalidad en un contexto de decadencia y crisis constantes, caracterizado por la meritocracia y la exclusión de aquellos sectores poblacionales que padecen las consecuencias del sistema económico. Esas personas son definidas como inadaptadas, disfuncionales o simplemente marginadas.
Dentro de las ciudades hay que habitar, trabajar o consumir, sino entras en la lógica capitalista no eres ciudadano, divagas en un limbo social, tierra de nadie destinada para “los otros”, esos sujetos que parecen incomodar con su presencia en el espacio público: mendigos y prostitutas, principalmente.
Al igual que en Siglo de Oro en el que la nobleza pauperizada marginaba y parodiaba al patizambo y el rufián, hoy en día las clases medias asfixiadas por hipotecas e impuestos ven a mendigos y prostitutas como parias sociales, sujetos que visibilizan la miseria de una época que pretendemos superar o negar.
Las ciudades en las que habitamos, trabajamos y consumimos, quedan definidas como un territorio funcional. Mendigos y prostitutas, visibles y no funcionales bajo estos parámetros neoliberales se convierten en chivos expiatorios, deambulando por las ciudades son definidos como molestos para la ciudadanía y los poderes públicos. Quizás disfruten de algunas limosnas o servicios sociales que alivien conciencias o justifiquen proyectos de reinserción social.
Una vez segmentado y jeraquizado el territorio se define como un foco de delincuencia e insalubridad las zonas dónde transitan “los otros”, por ende, todo lo perjudicial que acontezca en ese espacio tendrá culpable con nombre y apellido.
Es por ello que actualmente se tiende al reciclaje social y la política del lavado de cara (corta y pega), una apuesta por la apariencia y la estética urbana que invisibilice la exclusión social y elimine cualquier indicio de miseria humana.
“Los otros” y el espacio público: suciedad, seguridad y convivencia
Parece ser que no hablamos de una realidad social, sino de un problema; de personas, sino de deshechos sociales. El discurso político y la mediatización sesgada de esta realidad social ha hecho que el mensaje llegue a la ciudadanía de una manera estereotipada y carente de argumentación.
Los mendigos y prostitutas dejan de ser víctimas para pasar a ser verdugos, individuos en los que hay que intervenir, definir, criminalizar y juzgar. Un mensaje sencillo, claro y directo que afirma: “las ciudades están sucias por los mendigos e inseguras por las prostitutas”. La acción política ofrece una solución y los receptores del mensaje se quedan satisfechos.
Hace 77 años la Ley de Vagos y Maleantes (1933) sentenciaba que: “los vagabungos y nómadas son definidos como elementos antisociales que perturban el espacio público y la convivencia vecinal”. El 27 de septiembre de 2010 es aprobada en el Ayuntamiento de Alicante la Ordenanza contra la Mendicidad y la Prostitución, estableciendo en su art.1: “el derecho de los ciudadanos a transitar por el Municipio de Alicante sin ser molestados o perturbados”.
Salvando la distancia temporal y el contexto político, vemos claramente una definición que de alguna manera estigmatiza y define a “esas personas”, los chivos expiatorios de las ciudades que siempre y en todo lugar son vistos con recelo y desconfianza.
La gran falacia de las ordenanzas municipales es pensar que ordenan. Lejos de afrontar la realidad social en todas sus dimensiones, la reducen a una concejalía de Seguridad con compentencias para establecer sanciones.
Mientras los mendigos y las prostitutas siguen en la calle esperando un Plan Integral que facilite el empoderamiento social, los políticos legislan al margen de las entidades sociales implicadas e involucradas en la materia. El objetivo es rebuscar votos y limpiar la ciudad de cualquier indicio que denote pobreza o marginalidad. Un parche a corto plazo que lejos de afrontar la exclusión social la disemina hacia otros municipios y ciudades, convirtiendo a mendigos y prostitutas en una población vulnerabilizada.
Todo sea por la limpieza y la estética de la ciudad, como afirmó recientemente Ana Botella (concejala de Medio Ambiente del ayuntamiento de Madrid): “hay 60 puntos de mendicidad donde pernoctan 200 personas, lo que dificulta las tareas de limpieza”.
Reinserción social, criminalización y asistencialismo
Las Ordenanzas Municipales reducidas a instrumentos criminalizadores son una oportunidad perdida para afrontar esta realidad social. Con el objetivo de eliminar una inseguridad, aparentemente real, se deshumaniza a quiénes tienen que ofrecer servicios sexuales remunerados o mendigar en nuestras calles.
Partiendo de la base que legislar sobre mendicidad y prostitución exige tacto y humanidad, no se ha contado con la participación activa de los agentes sociales, bueno sí, han participado las asociaciones vecinales apoyando una Ordenanza que no admitía modificaciones.
Fomentando la estigmatización y la criminalización se agudiza la invisibilidad y vulnerabilidad de mendigos y prostitutas. Estando fuera del espacio público se exponen a condiciones de exclusión social y violencia mayor, en el caso de las prostitutas son más vulnerables con respecto al proxenetismo. Situaciones que no han sido previstas y que reducen la política social al asistencialismo y medidas concretas que lejos de afrontar una realidad social la parodian y desdibujan.
En el caso de las medidas resocializadoras debemos tener cautela a la hora de qué servicios ofrecer puesto que estamos hablando de personas. La Ordenanza contra la Mendicidad y la Prostitución del Ayuntamiento de Alicante establece en el art.3 que: “se les requerirá taxativamente a que abandonen el lugar”, pasando a la imposición de “sanciones sustituidas por sesiones de atención individualizada con los servicios sociales, fomentando la orientación para abandonar esas prácticas”. Declaración de intenciones que pueden tener muy buenos planteamientos pero de las que sabemos poco o nada. Concretamente de los medios y recursos disponibles, al igual que el funcionamiento de todo el proceso.
Articular un Plan Integral Social consensuado sería un paso positivo, en el caso de la ciudad de Alicante una oportunidad perdida ya que con este planteamiento se reduce la mendicidad y la prostitución a relaciones de asistencialismo primario para con las instituciones públicas: ayudas concretas que no fomentan la emancipación y existencia de servicios sociales exiguos. En este nuevo escenario no se hace otra cosa más que incrementar la dependecia social de sectores vulnerables que no son tenidos en consideración.
