UPyD Aragón pide al Gobierno que exija responsabilidades por el contrato de las ambulancias

Los responsables de UPyD en Aragón han declarado que esperan que el Gobierno de Aragón exija responsabilidad patrimonial personal por la adjudicación del contrato del servicio de urgencias. “Hasta ahora, el modo de actuar en este contrato ha costado a las arcas públicas 750.000 euros y queda pendiente la ejecución de sentencia por un valor aproximado de unos 3 millones de euros. Dinero público pagado por no hacer las cosas bien. El Gobierno de Aragón ha de exigir responsabilidades a quien corresponda y no cargarlo sobre el bolsillo de los ciudadanos”, ha declarado Cristina Andreu, Coordinadora Territorial y Candidata de UPyD en las elecciones autonómicas.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, el Director del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 adjudicó, sin tener competencias para ello, sin la fiscalización previa de la Intervención y aprobado por convalidación del Gobierno de Aragón –es decir, dándolo por bueno sin más-, un contrato en 2004 para el servicio de ambulancias a la empresa Ambuibérica S.L. Urgencias de Aragón, UTE, por valor de 41 millones de euros.

Siete meses después, el contrato se resolvió de mutuo acuerdo, siendo indemnizada la empresa por valor de 750.000 euros. Afirma el Tribunal de Cuentas que no queda acreditada la concurrencia de interés público ni otras causas que lo justifiquen. “En otras palabras, no existe para el Tribunal razón para la indemnización”, explica Cristina Andreu.

En 2005,  la DGA adjudicó el nuevo concurso a la misma empresa por valor de casi 45,5 millones. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condenó a la DGA, en febrero de 2009, a indemnizar a otra empresa que reclamó por irregularidades en la adjudicación. La irregularidad principal consistió en que la empresa adjudicataria no disponía del 70% de la flota de ambulancias en el momento de presentarse al concurso, por lo que debió de ser excluida de la contratación, según afirma la sentencia, que todavía no ha sido ejecutada.

Según el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, artículos 20 y 21, la Administración podrá exigir responsabilidades por daños o perjuicios causados por autoridades o personal a su servicio, si media dolo, culpa o negligencia grave. Existen antecedentes, como la exigencia de responsabilidad al alcalde de Villanueva de Gállego en 2000 y 2001, por daños causados a la corporación tras despido improcedente de una empleada. “Si la gestión de estos contratos ha sido irregular, hay que derivar no sólo consecuencias políticas, sino también de responsabilidad patrimonial. Que lo pague el que la hace”, insistió Cristina Andreu.

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