Otro principio legal quebrantado por la ley: el de igualdad

Artículo 1.1 de la Constitución Española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

Artículo 9.2 de la misma: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Aún a riesgo de que esto parezca un repertorio legislativo, añadiré algo más, el artículo 127 bis 1. de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General; dice así (sic):” El Estado concederá adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federaciones y coaliciones que las hubieran obtenido en las últimas elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo o, en su caso, en las últimas elecciones municipales” Y continúa: “La cantidad adelantada no podrá exceder del 30 % de la subvención percibida por el mismo partido, federación, asociación o coalición en las últimas elecciones equivalentes”

Bien, dicho esto tampoco hay que dejar de reseñar que algunos tratadistas optan por una posición ecléctica (con la que no asumen riesgos) y que parten de que la igualdad debe darse solo cuando hay igualdad de circunstancias. Poco que añadir a esto a no ser que apliquemos el sentido común: el principio de igualdad es universal y atemporal y su gran virtud es que haga que todos tengan las mismas oportunidades (de estudiar, de trabajar, … y de participar en eso que los demagogos llaman “la gran fiesta de la democracia” amañada, añado yo.

Lamentablemente esto no es un tratado jurídico sino solo un artículo en el que intento desvelar las manipulaciones y contradicciones a las que la propia normativa nos somete. Tampoco es cuestión, ahora, de analizar el papel del Tribunal Constitucional (órgano del que todos conocemos cómo y quien designa a sus miembros -y miembras, que diría la exministra de Igualdad, pero no de igualdad ante la ley como principio constitucional sino de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras y súbditos y súbditas-).

El principio de igualdad ante la ley no solo lo proclama nuestra Constitución, lo hacen todas que parten del Estado de Derecho y, por supuesto, la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Y acabando con las transcripciones legales vigentes veamos el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Dice exactamente así: “Igualmente, las Comunidades Autónomas podrán otorgar a los partidos políticos con representación en sus respectivas Asambleas Legislativas, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos autonómicos correspondientes, para atender sus gastos de funcionamiento.

Dichas subvenciones se distribuirán en función del número de escaños y de votos obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones a las indicadas Asambleas Legislativas, en proporción y de acuerdo con los criterios que establezca la correspondiente normativa autonómica.”

Los lectores de www.criterioliberal.com lo son porque tienen algo no demasiado común entre el pueblo español: un sentido crítico y una necesidad de conocer apabullante. Como no es mi deseo añadir argumentos jurídicos al no considerarlo como el lugar adecuado, solo voy a concluir este “recetario jurídico” con una simple consideración: los españoles no somos iguales ante la ley, ni siquiera cuando las circunstancias sean idénticas. Y eso todo el mundo ya lo sabía, pero muchas veces es obvio que hay que decir las obviedades para que jamás se olviden.

Cuando Ciudadanos de Aragón (pCUA) y otros partidos dan el do de pecho para aportar algo a la sociedad presentándose a unas elecciones libres pero no justas, lo que está haciendo es jugar un partido entre el campeón de liga contra el último de 2ª B y, aunque éste ponga mucho más pundonor, los medios son los medios, y no hablo de centrocampistas aunque sí que podría referirme también a los de comunicación.

En consecuencia estamos ante un trato desigual: más tienes, más te doy; menos conseguiste, menos te doy (lo de todos, ojo) para equilibrar balanzas. Mientras no acabemos con esta infame Ley de Financiación de Partidos Políticos y otra igualmente injusta como la de Régimen Electoral, España será un Estado de Derecho, pero solo porque lo dice la vigente Constitución.

Por cierto, lean con interés su preámbulo: “La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

* Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a un orden económico y social justo.
* Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular.
* Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
* Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
* Establecer una sociedad democrática avanzada, y
* Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”

Y ahora, juzguemos y valoremos. Es nuestro turno. O, como dirían los de la “clase política” ya toca oír nuestra voz, la voz de la gente normal que se esfuerza por sí misma y que sufraga derroches, abusos, corruptelas, injusticias y manipulaciones.

Fernando Cosculluela Pueyo
Candidato a la Alcaldía de Ejea de los Caballeros por Ciudadanos de Aragón (pCUA)

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