En el primer trimestre de 2011 se han realizado más de 15.000 desahucios por impago en España. Familias que se habían quedado sin trabajo se quedan ahora sin hogar y endeudados con el banco. Ante esta desprotección, cientos de ciudadanos se han unido para impedir estos desahucios.
“Me voy con la cabeza bien alta porque no soy morosa, soy pobre”, comentó María José ante las doscientas personas que acudieron a su barrio para intentar frenar su desahucio. Madre de un joven con discapacidad y de una joven en paro, el banco le ha embargado la vivienda y ahora le reclama doscientos mil euros de deuda. Una deuda impagable con una pensión de 520 euros por tener un hijo discapacitado y 168 euros por la Ley de Dependencia.
Este es el segundo desahucio que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no ha podido frenar desde que, el 15 de junio, unas cuatrocientas personas paralizasen el desahucio de una familia libanesa. Más de cincuenta antidisturbios facilitaron el desalojo de la familia de María José, pero los ánimos de los ciudadanos no se han visto afectados: “no nos han derrotado, seguiremos y seguiremos, porque estamos defendiendo algo más grande que la Constitución, defendemos el derecho universal de las personas a una vivienda”, gritaba un miembro de la PAH que, hasta la fecha, ha frenado 59 desahucios. Exigen medidas al gobierno como la dación en pago, que acabaría con la deuda contraída una vez que el banco se hiciese con la vivienda.
La Constitución Española reconoce, en el artículo 47, “el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y declara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias (…) regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, pero en la práctica estas líneas pueden parecer papel mojado. Para la juventud española es casi imposible acceder a una vivienda sin hipotecarse de por vida. Una hipoteca que hasta hace unos años los bancos fomentaron y facilitaron a personas insolventes, sabiendo que lo eran.
En España la burbuja inmobiliaria de los años anteriores a la crisis multiplicó el efecto de la recesión económica en el país. El boom de la construcción de principios de siglo tuvo como consecuencia un aumento del empleo. Pero el precio de los pisos aumentó debido a la fuerte demanda motivada por los bancos en la concesión de hipotecas basura bajo la premisa de que el precio de los pisos nunca bajaría y que el riesgo era casi inexistente. La crisis provocó un descenso en la venta de inmuebles y el desempleo de miles de personas que se habían hipotecado en la compra de un piso.
Ahora sufren las consecuencias de la irresponsabilidad de los bancos en su concesión de créditos y de una crisis que no se podía imaginar. Pero las familias lo están pagando y los bancos no. Encima, han sido rescatados con dinero de los contribuyentes.
Contra estas medidas que protegen a los bancos, cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle el pasado 15 de mayo para gritar que “no nos representan”. Los mismos ciudadanos que ahora luchan porque su derecho a una vivienda digna y a la protección de las administraciones no queden olvidados; porque los políticos se ocupen de los problemas de la ciudadanía y se olviden, aunque sea un poco, de proteger a aquéllos que especularon con la vivienda y provocaron esta burbuja.
Ignacio Morilla Pérez
Periodista
