“Vamos a pedir al Gobierno de Aragón que exija a los responsables de la adjudicación del contrato de las ambulancias que nos devuelvan nuestro dinero. Que repongan a las arcas públicas el importe de la indemnización que ha de cobrar la empresa perjudicada” así de contundente se ha pronunciado Cristina Andreu, Candidata de UPyD al Congreso de los Diputados por Zaragoza.
“Es necesaria una nueva cultura dentro de las instituciones y acabar con la impunidad del mal uso del dinero público. El Gobierno del PP tiene la oportunidad de demostrar de verdad su voluntad de cambio en las instituciones y de defensa del interés común”, afirma la candidata. Para esta formación, el archivo de las diligencias por prevaricación por la adjudicación del contrato del transporte sanitario no exime del mal funcionamiento del anterior equipo de gobierno que ha producido un perjuicio al erario público, “al dinero de todos”, remarca Andreu.
Esta denuncia se produce después de que la Sección 3ª Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la sentencia 78 de 11 de febrero de 2009 y en casación en la sentencia 3925/2011 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo hayan confirmado que la empresa adjudicada Ambuibérica S.L. no debió ser admitida a concurso por la Mesa de Contratación, puesto que no cumplía los mínimos de disponibilidad de vehículos, y condena a la DGA a indemnizar a la empresa perjudicada.
“En UPyD creemos que no tenemos que pagar los aragoneses, sino que ha de pagar el que ha ocasionado el perjuicio a las arcas públicas. No estamos para pagar justos por pecadores”, afirma Andreu. La empresa demandante reclama casi 4 millones de euros, más de lo que cuesta el programa completo de gratuidad de libros escolares”, denuncia la Coordinadora de UPyD.
El artículo 20.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, establece que “La Administración Pública correspondiente podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieren incurrido por los daños y perjuicios causados a la misma mediante dolo, culpa o negligencia grave…”.
“Hemos venido no sólo para recordar a los políticos que el dinero público es de todos los ciudadanos, sino también para cambiar la forma de gestionar ese dinero y que no queden impunes decisiones que perjudican al bolsillo común” ha sentenciado la Coordinadora de la formación que lidera Rosa Díez.
