Zapatero tardó 6 años en mentir a sus votantes y al conjunto de la ciudadanía española, mientras que a Rajoy le han bastado 6 días para ir en contra de todo lo que había prometido durante la campaña electoral, tomándose a guasa la democracia y cualquier tipo de compromiso adquirido con aquellos que le otorgaron su confianza en las urnas.
Durante la campaña Rajoy se cansó de repetir esa cantinela de que su prioridad sería la creación de empleo, mientras que la primera medida que ha tomado va directamente en contra de cualquier propósito de enmienda al respecto, ya que la contracción absoluta del gasto y el incremento de la carga impositiva sobre las clases asalariadas, de buen nivel adquisitivo, pero asalariadas al fin y al cabo, provocan, en definitiva, un retroceso en la demanda y, por consiguiente, una ausencia absoluta de creación de empleo.
Y es curioso asistir al ejercicio de cinismo con el que todos los dirigentes populares están intentando capear el temporal aludiendo al exceso de déficit heredado por sorpresa, sorpresa, a pesar de que ha sido provocado por las Comunidades Autónomas que ellos gobiernan, principalmente Valencia, sin caer en la cuenta de que no hace tanto se llevaron las manos a la cabeza cuando el gobierno de Zapatero subió impuestos para reducir el déficit público del 9% que acechaba al conjunto de las administraciones públicas acusándolo de socialista recalcitrante, mientras que ahora con un 8% son ellos, los liberales de pro, los que acuden al incremento de impuestos.
Sin embargo, el populismo sigue funcionando en la sociedad española y una mentira repetida se convierte en verdad para la opinión pública, que asiste anestesiada al ejercicio de engaño abrumador del que hemos sido testigos, y asiente convencida ante las palabras del Partido Popular que ha hecho pensar a aquellos que no quieren pensar que no había otra salida.
Pues sí la había, la hubo con Zapatero y la hay ahora con Rajoy, es el reparto solidario y justo de la carga impositiva, sin cargar directamente sobre los trabajadores asalariados y actuando de manera directa sobre los beneficios de las grandes corporaciones, apostando por el recorte real de los excesos de gasto de las administraciones, a todos los niveles, antes de apuntar directamente a los servicios prestados, y, por supuesto, buscando la eficiencia, que, aunque pudiera parecer lo contrario, y de hecho lo parece, no debería de estar reñida con la gestión pública.
