Tengo coche. Lo uso cuando es necesario, tras aquilatar la ocasión. Siempre que es posible utilizó los transportes colectivos, tanto urbanos como interurbanos. Por economía, por comodidad, por coherencia y por respeto al medio ambiente.
Tengo bicicleta. La uso poco porque en la ciudad me desplazo andando o en autobús cuando el tiempo no es propicio para pedalear y corre uno el riesgo de ser arrastrado por el cierzo hasta latitudes infinitas que suelen terminar en el suelo. Estamos hablando de Zaragoza.
Cuando salgo con la bicicleta utilizo los carriles adecuados o la calzada. No me gusta transitar por las aceras. Si soy peatón, me disgusta tener que sortear a los ciclistas. La normativa municipal que permite el uso de aceras de más de 4 m de altura anchura, prescribe igualmente que la velocidad de tránsito ha de ser como máximo el doble de la del paso de una persona adulta, 10 km/h. Ningún ciclista la cumple y en muchas ocasiones ponen en riesgo tanto a sus personas como a los peatones que indudablemente tiene la prioridad.
Hace muy pocos días se ha desatado en esta urbe –anteriormente ocurrió en otras ciudades, por ejemplo en Sevilla–una polémica al respecto. El tribunal superior de justicia de Aragón decretó el 28 febrero la nulidad de las disposiciones municipales que permitían la utilización de las aceras por los ciclistas. El ayuntamiento ha decidido contravenir el reglamento de circulación que rige en todo el Estado, y piensa elevar su reclamación al tribunal supremo. Veremos en qué queda la trifulca legal.
Lo que me parece claro como peatón y como ciclista urbano –dejé el cicloturismo hace algunos años, tras el grave accidente mortal de unos colegas del que fui testigo– es que las bicicletas son para la calzada. Bien sea por los itinerarios periféricos de los barrios nuevos o por las avenidas amplias de la ciudad donde está trazado el carril bici, como en las zonas del casco antiguo donde no es posible establecerlo, las bicicletas tienen su rumbo definido. Las ventajas de este proceder son para todos, incluidos los propios ciclistas.
Hay quien aboga por la seguridad, pero la consideración global determina que es mayor la seguridad de las calzadas preparadas para el rodaje de cualquier vehículo. Los peatones estarán más seguros sin ciclistas por las aceras. Y llega el punto filipino: ¿qué ocurre con los automovilistas? ¿No son los ciclistas un obstáculo para la circulación? Pues no. Son un beneficio. Si la calle es de todos –dicho sin sentido político partidista– habrá que compartir la calzada entre todos los vehículos rodantes. Evidentemente los automovilistas tendrán que aumentar su atención y respetar el tránsito de los ciclistas. Igualmente, en muchos casos, habrán de disminuir su velocidad, lo cual redundará en mayor seguridad para ellos mismos, para los peatones que cruzan indebidamente la calzada por lugares no señalados (los pasos de cebra) y evidentemente también para los ciclistas, que no correrán el riesgo de verse embestidos, amenazados o arrinconados por la prepotencia de algunos automovilistas.
De modo que doy mi voto particular, como automovilista, peatón y ciclista, a la disposición general antes aludida y rechazo la normativa municipal de Zaragoza, y de cuantas ciudades autorizan el tránsito de las bicicletas por las aceras, no sólo por contravenir normas superiores, sino por oponerse a la lógica y a la convivencia.
