16/06/2012-Chubut-Argentina
El problema: Un breve acercamiento de la génesis de la dificultad
El problema de acceso a las tierras de pobladores campesinos, llega a situaciones de enfrentamientos lamentables con inútiles pérdidas de vidas humanas, como los ocurridos en el día de ayer en el distrito de, Curuguaty, República de Paraguay.
No ha sido un hecho aislado ni espontáneo, sino consecuencias políticas de algunos años en donde el estado no define (o, arbitra en sentido contrario a “los sintierras”), dejando indefensos a pobladores rurales a represalias sin sentido, y en ocasiones expuestos a sicarios contratados para defender propiedades de dudosa adquisición.
Según el periódico Ultima Hora del 4 de Abril del 2008, informaba que “el 90 por ciento de las “derecheras” –derecho de ocupación– de los lotes concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a los colonos de Curuguaty y sus alrededores –Ygatimí, Ypehú, Yasy Kañy, Corpus Christi y Curuguaty-..El departamento de Canindeyú fueron vendidas por los beneficiarios de la reforma agraria estatal” y que el “ente agrario reunido por el entonces, ingeniero Héctor Daniel Cardozo, realizaron una jornada de trabajo en la ciudad de Curuguaty, donde escucharon los principales problemas y pedidos de los labriegos de los distintos asentamientos nuevos y antiguos de los distritos del departamento”. Entre las diversas organizaciones provenientes desde distintos lugares, presentaron sus inquietudes “que en realidad son varias”, agregó una de las dirigentes labriegas del lugar, Ana Mujica. Especificó también la misma dirigente, que “los colonos en su mayoría tropiezan con las ventas de la “derecheras” que le otorga “el derecho de ocupar las tierras adjudicadas a los productores ya sea en forma legal dentro del marco de la reforma agraria o en todo caso, por ocupaciones ilegales que después se formalizan”. El tema de la venta de “derecheras” viene aparejado con las entregas de tierras sin acompañamiento para el arraigo de las familias, que obligadas por sus necesidades, vuelven a vender el derecho que tienen sobre sus lotes a cualquier oferta. El Estado acompaña muy poco a estas familias en la provisión de servicios básicos necesarios para el arraigo como caminos, agua, luz, hospitales y escuelas. En este punto entra la presencia brasileña en la zona debido a que quienes quieren comprar estos lotes son los extranjeros que inmediatamente los convierten en cultivos mecanizados de soja desplazando lentamente a los paraguayos.
Otros de los problemas consecuentes con la política implementada, es la de entrar en un círculo vicioso – nuevamente “campesinos sin tierras” que hasta el momento el Estado no logre resolver, “siendo el agravante la presencia brasilera y los cultivos de soja, que acarrean problemas a aquellos pequeños productores que no venden sus lotes, quedando en medio de los cultivos y forzarlos a refugiarse a otro lado”.
“El abogado del ente agrario, Rubén Villalba, realizó una serie de consultas a los dueños de las fincas para interiorizarse de los reclamos que realizan con sus respectivas carpetas y se comprometió entonces a gestionar, solucionar y satisfacer el pedido de los colonos. En cuanto al pago por las tierras por parte de los ocupantes de los diferentes asentamientos y colonias, manifestó que se acercan a la institución y se van poniendo al día con el pago de sus cuotas para luego titularlas. El mismo presidente del Indert manifestó que “muy por el contrario a lo que dijo el asesor jurídico” (de los empresarios), “las tierras que fueron adjudicadas a los labriegos casi todas ya fueron vendidas sin que el ente se diera cuenta”.
Alguien comienza a escuchar…
El miércoles 11 de Enero de 2012, varios diputados e intendentes se sumaron a los pobladores de las distintas compañías de Curuguaty en la protesta contra los fiscales Miguel Ángel Rojas y Ninfa Aguilar, quienes supuestamente cometieron irregularidades al frente de la Fiscalía zonal. El legislador Salustiano Salinas, quien encabeza el grupo de parlamentarios, recordó que “ya el año pasado mientras presidía la Comisión permanente del Congreso recibía denuncias en contra de los dos fiscales de Curuguaty”.
Bajo un tinglado Municipal de la localidad de Curaguaty, los legisladores reunieron cerca de 400 personas, estos a los gritos tildaron de “corruptos, transeros y sinvergüenzas”. Mientras tanto,los movilizados pobladores permanecen en vigilia hasta lograr “que el fiscal general remueva de sus cargos a los fiscales Rojas y Aguilar, de las unidades de Antidrogas, Medio Ambiente y Penal”, según informaron los reportes.
Reforma Agraria Vs. Terratenientes
Transcribo textualmente un reporte del 17 de enero del 2011, cuyo título es “Las tierras en disputa de Curuguaty son del Estado”, escrito en su momento por Vicente Páez, (en el diario y versión digital en http://ea.com.py/tierras-aledanas-a-colonia-yeruti-son-del-estado/).
“Uno de los establecimientos que rodean a la Colonia Yerutí debía ser destinado a la reforma agraria.
Existe incluso un decreto presidencial que lo autoriza.
Parte del inmueble usurpado por el ex senador colorado Blas N. Riquelme, empresario de los sectores supermercadista, fideedor y cervecero, forma parte de “Campos Morombi”, que inició una demanda para impedir que el Estado se haga cargo de 2.000 hectáreas en la zona.
En Colonia Yerutí residía Rubén Portillo, fallecido días atrás debido a la intoxicación sufrida por los agrotóxicos utilizados por sojeros brasileños en el cultivo del grano.
El juez Alberto Martínez Simón dispuso, en el 2010, que Riquelme no disponga de las 2.000 hectáreas reclamadas por la Procuraduría General de la República.
El inmueble está ubicado en el lugar individualizado como “Ybyrá Pytá”, del distrito de Curuguaty en el departamento de Canindeyú, que es un desprendimiento de la finca madre Nº 30 del distrito de Hernandarias, Alto Paraná.
Mapa de la reserva Morombí de Blas N Riquelme en Canindeyú. Fuente sitio web de la Reserva Morombí
La Procuraduría argumentó que de manera inequívoca es fácil inferir que la legitimación de estar en juicio es indubitable, pues el Estado paraguayo ha
sido beneficiado con una donación de 2.000 hectáreas. de propiedad de ‘La Industrial Paraguaya SA’, ubicada en el departamento de Canindeyú, distrito de Curuguaty, en el lugar denominado Ybyrá Pytá, que fue aceptado por Decreto Nº 29366/67 e incluso declarado de interés social.
El Poder Ejecutivo dispuso, por Decreto Nº 3532 del 4 de octubre de 2004, destinar tal inmueble para los fines del Estatuto Agrario (antes del juicio de usucapión promovido por Campos Morombí). A la vez transfirió las tierras a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y ordenó que se realicen las operaciones de mensura, deslinde y loteamiento, y la formulación de la escritura de dominio a favor del Indert
El procurador general Enrique García argumentó que el Estado paraguayo invoca el grave perjuicio patrimonial fraudulento, con clara inobservancia de la defensa en juicio y el debido proceso, según la presentación de la acción autónoma de nulidad.
La Justicia parcializada en dudas…
El miércoles, 1 de Febrero del 2012, El fiscal de Curuguaty, Miguel Ángel Rojas, sostuvo que “los campesinos piden su salida del cargo solo por haber hecho su trabajo. Indicó que la violencia producida ayer frente a la sede fiscal vino por parte de los labriegos, que reclaman la tierra del empresario Blas N. Riquelme.
El enfrentamiento de ayer, frente a la sede fiscal de Curuguaty, entre campesinos y los cascos azules, dejó una veintena de heridos que fueron asistidos en el hospital regional y uno fue derivado a Asunción por su gravedad, informó el diario Ultimahora.com de la fecha.
Según Rojas, los mismos se muestran molestos porque habían decretado la detención de un grupo importante del sector labriego y la desocupación de estos de la propiedad de Blas N. Riquelme.
Asesinatos por encargo:
No es una ciudad tranquila, por estar cerca de la triple frontera (Argentina-Brasil-Paraguay), donde múltiples negocios de dudosa laya encuentran oportunidad con bastante impunidad. Sin embargo los sicarios son parecieran haber encontrado un lugar especial por la impunidad de la que gozan. Por ejemplo el Jueves 2 de febrero de este año, hubo dos asesinatos a manos de sicarios; uno de ellos ,el precandidato a la Concejalía del Partido Unace, Esteban Velázquez Marín, quienes los investigadores apuntan a un ajuste de cuentas siendo atacado por sicarios desde una moto en la zona de la localidad de Zanja Pytá, nuevo municipio de Amambay. Velázquez había fallecido en la madrugada del martes en la clínica Viva Vida, donde se encontraba internado. Para la Policía, el atentado mortal fue obra de profesionales, porque solo dispararon al político y no así a los otros familiares suyos que lo acompañaban.
Otro operador político del Partido Colorado, de nombre Teodoro Barrios Penayo, de 39 años, quien trabajaba en la zona de Curuguaty, fue encontrado muerto en la mañana del día anterior, alrededor de las 11.00 en el balneario Itandey, ubicado a 8 kilómetros de la referida ciudad sobre la ruta 10 Las Residentas, a la altura del kilómetro 243. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala, signos de un ajuste de cuentas…
Existen denuncias que involucran a comisarios, agentes de la policía y funcionarios con fuertes indicios de operar en redes de narcotráficos.
La tensión aumenta…
Ese mismo día titula el diario Ultimahora.com “Aumenta el clima de tensión política y social en Curuguaty”, a bajo “una orden de detención emanada por el fiscal Miguel Rojas en contra del intendente de esta ciudad, Ramón Vega Barreto, y de los concejales Eliodoro Ruiz y Miguel Torres, así como de los dirigentes sintierras Marino Gavilán, Gaspar Medina, Leonor Rivas Torres, entre otros, aumenta la tensión social y política, que llegó a su máximo pico el pasado martes, cuando manifestantes fueron reprimidos por policías antimotines porque supuestamente quisieron atropellar el local de la Fiscalía”. También informan que “en su gran mayoría, los manifestantes repelidos por efectivos policiales se encuentran en el mercado de Curuguaty, a tres cuadras del local del Ministerio Publico, y, según anunciaron ayer, endurecerán las medidas de fuerza porque no ven que el tema se solucione pronto y porque no renuncian los agentes fiscales”. Dando más precisión sobre el número de detenidos afirma que “en total son 21 los manifestantes que fueron atendidos por heridas, tras el enfrentamiento con antimotines el martes. Siete personas fueron detenidas y todas fueron imputadas”.
En las gestiones mantenidas en aquellos momentos, los encuentros de representantes con los dirigentes sintierras, parlamentarios y autoridades de la Fiscalía, en Asunción. Los campesinos pedieron, una vez más, “la destitución de los fiscales Rojas y Aguilar, quienes firmaron la orden de desalojo de la propiedad de Campo Morombi, del político colorado y empresario Blas N. Riquelme, tierras que, según los ocupantes, pertenecen al Estado”.
Integrantes de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) se presentaron el día Jueves 24 de Mayo del corriente año, frente a la sede de la fiscalía Nacional General del Estado. El caso movilizador, fue el asesinato en la localidad de Colonia Santa Cataliana ,Región de Curuguaty, de Mariano Roque Jara, sosteniendo por parte de los manifestantes que el asesinato fue realizado por un sicario, debido a que Jara fue un referente campesino reconocido. Este reclamo lleva más de dos años reclamando en la misma fiscalía.
El desenlace
El operativo de desalojo a 250 km al noreste de Asunción (estaba en marcha, cuando el subcomisario Erven Lovera, de la GEO solicito a los gritos “que no se realizara por el riesgo que significaba la insuficiente cantidad de efectivos” para dicha operación, según informa el comisario Carlos Núñez, al matutino del día viernes pasado ABC Color, de Paraguay.
El desalojo, bajo respaldo del Presidente Lugo, tuvo como consecuencias del enfrentamiento, 18 muertos entre campesinos y fuerzas de seguridad. El número de víctimas aún no es definitivo, ya que todavía se buscan a heridos y falllecidos entre policías y campesinos. Las tareas de rescate se complican por la falta de garantías de seguridad en la zona, según dijo el director del Servicio de Emergencias Médicas Juan Carlos Portillo. El primer conteo indicaba que entre las víctimas fatales hay al menos siete policías y diez campesinos, entre ellos uno de los líderes de la revuelta, Adelino Espínola.
El presidente Fernando Lugo repudió los enfrentamientos y manifestó su “absoluto respaldo” a las fuerzas de seguridad. También extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos que actuaron “de acuerdo a la constitución y la ley”. La destitución de Carlos Filizzola en el Ministerio del Interior se originó este viernes. Además fue destituido el Comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas tras las muertes producidas en un enfrentamiento ocurrido en Colonia Ybyra Pyta, departamento de Canindeyú, en la propiedad del empresario Blas N. Riquelme. La sesión extraordinaria inició a las 20:30, con la noticia de la destitución del ministro del interior Carlos Filizzola y del Comandante de la Policía Nacional Paulino Rojas. Inicialmente los legisladores habían emplazado al primer mandatario a que remueva a ambos de su cargo, de lo contrario se plantearía un juicio político.
Los diputados condenaron la práctica delictiva de invasión de tierras y lamentaron las vidas perdidas, en particular la de efectivos policiales y campesinos.
La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados “brasiguayos”, prósperos productores de soja brasileño, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.
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Fuentes:
Diario Perfil-ultimahora.com-Diario ACB color paraguay-24horas
