Sociopolítica

Los paraísos fiscales: El edén de los delincuentes

Los paraísos fiscales: El edén de los delincuentes

Un elemento a estudiar profusamente son los paraísos fiscales para comprender el lugar donde cohabitan todas las formas criminales de sustraer y esconder todos los dineros de origen dudoso: políticos corruptos, evasores de impuestos, ladrones de cuello blanco, traficantes de drogas, etc.-.

Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Pero sobre todo, protegiendo la identidad del dueño del dinero resguardado ahí, mediante sutiles formas: Secreto Bancario, cuentas codificadas, anonimato… Todo un paraíso para el que quiera esconder dinero.

Los paraísos fiscales habrían aportado

un aproximado de 230.000 millones de euros

en concepto de recaudación por impuestos

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicoOCDE-, cuatro factores clave son utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:

  1. Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. La OCDE reconoce que cada  jurisdicción tiene derecho a determinar si imponer impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.
  2. Si hay falta de transparencia.
  3. Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de  información para propósitos fiscales con otros países en relación a      contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.
  4. Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

Una característica de un paraíso fiscal es que en el mismo suelen convivir dos regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. Por un lado, el que afecta a los residentes y empresas locales, los cuales están sujetos al pago de impuestos como en cualquier otro país y, por el otro, el de los no residentes, que gozan de ventajas fiscales y suelen tener prohibida cualquier actividad económica o de inversión dentro de su territorio. Para facilitar la separación de estas dos economías paralelas, usualmente se cuenta con legislación e instituciones especialmente reservadas a los no residentes, como los bancos offshore o las sociedades IBC (International Business Companies).

Otro rasgo identificatorio de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente (registered agent). Estas características han provocado que estos países, a menudo muy pequeños en extensión y población, hayan conseguido acumular un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo, según el FMI. Históricamente a estos paraísos fiscales se les acusa servir de cobijo a evasores de impuestos, terroristas, fortunas resultados de corrupción y narcotraficantes que esconden sus identidades tras sociedades offshore, cuentas numeradas, directores fiduciarios, fundaciones, trusts o acciones al portador. Y las Empresas Transnacionales –ETN-  guardan en esos países sus fenomenales ganancias.

Según la OCDE publicados en noviembre de 2011 los países que encabezan los paraísos fiscales son Nauru, Niue y mencionaron un listado de países que se comprometieron a mejorar la transparencia e intercambio de información.

Algunos de estos países son Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas, Aruba, Bahamas, Barein, Belice, Bermudas,  Liberia,  Mónaco, Dominica, Gibraltar, Islas Caimán, Malta, Samoa, San Marinae, Santa Lucia y otros.

Así mismo según la Tax Justice Network, grupo dirigido por el antiguo economista principal de la consultora McKinsey y experto en paraísos fiscales, James Henry estima en un estudio realizado por la citada organización, que es posible que existan entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado un aproximado de 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos. Se estima que estas cantidades se encuentran concentradas en “jurisdicciones enormemente proteccionistas”, como Suiza o las islas Caimán, con la ayuda de bancos privados que tienen el objetivo de atraer a los llamados “individuos de alto valor neto”. La riqueza de estas élites económicas, según Henry, está protegida por un grupo de profesionales, muy bien pagado y disciplinado, que se aprovechan de una economía global cada vez más transfronteriza y con menos fricciones. Los estados ricos en petróleo cuya élite suele caracterizarse por su gran movilidad son especialmente propensos a depositar su riqueza en estas cuentas, en lugar de invertir en su propio país. El estudio también pone como ejemplo a Arabia Saudí, de donde escaparon 179.000 millones de euros o Nigeria, con 250.000 millones de euros a la fuga

La OCDE creó un grupo de “otros Centros Financieros” que si bien no eran el clásico paraíso fiscal, se consideran como insuficientemente transparentes en temas fiscales, compuesta por Uruguay y Guatemala. Uruguay ha salido de la lista luego de firmar 12 acuerdos de transparencia.

En este sentido, se han tenido algunos logros, el sector bancario aplica ahora  políticas de identificación de sus clientes, conocidas como “due diligence”. No obstante, en muchos casos la opacidad de estos territorios todavía es importante, así como lo son sus ventajas fiscales. Esto es aprovechado por sectores muy diferentes de la economía, desde ahorradores privados, pasando por inversores, empresas de importación y exportación, hasta grandes multinacionales, bancos y aseguradoras.

Algunas Empresas Transnacionales –ETN- han logrado crear los centros offshore. El offshoring designa la actividad por parte de empresas con sede en un determinado país de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país, donde por lo general enfrentarán menores costos en mano de obra, menor presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios cualesquiera desde el punto de vista del lucro económico para la empresa.

En el ámbito financiero se utiliza para referirse a empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, que generalmente se encuentran en islas. Estas empresas son usadas para ocultar el propietario o beneficiario de determinados bienes, por varios motivos por ejemplo el blanqueo de dinero, ocultación de propiedades, procedimientos de divorcio, etc. Obsérvese que no todos los centros offshore se encuentran físicamente en islas. Andorra, Delaware en Estados Unidos y algunas veces Suiza son también ejemplos de centros offshore en tierra firme.

Para efectos prácticos se pueden contraponer dos términos: el offshore frente al onshore. Si un ciudadano de Europa decide abrir una cuenta en el extranjero para realizar algunas inversiones, se considera que es un offshore si la abre en Filipinas, dadas las condiciones fiscales y legislación aplicable sobre secreto bancario en Filipinas.

Si esa cuenta la abre en Francia, no ha de considerarse una operación extraterritorial, puesto que Francia, siendo otro país europeo, tiene un sistema fiscal similar al de toda Europa y todos los países europeos cuentan con diferentes tratados  de colaboración e intercambio de información. Y en ese caso no obtiene ninguna ventaja especial al abrir su cuenta en Francia y el rasgo del secreto bancario no protege la opacidad de sus recursos. En este caso hablamos de onshore.

A muchas veces un ciudadano común protesta y protesta, pero hay un principio básico que favorece los corruptos millonarios: políticos, traficantes de armas, drogas, terroristas, evasores de impuestos y trata de blancas, cuando los ciudadanos salen a las calles y no saben a dónde van, no hay resultados.  Y toda esa energía se pierde por no tener al menos una meta clara.

Para combatir el robo, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, terrorismo  y todos los hechos fraudulentos se debe legislar nacional e internacionalmente por evitar los offshore, controlar los paraísos fiscales  y darle transparencia al manejo de los recursos.

Los honrados lo entienden, los otros no lo creo.

Sobre el autor

Jordi Sierra Marquez

Comunicador y periodista 2.0 - Experto en #MarketingDigital y #MarcaPersonal / Licenciado en periodismo por la UCM y con un master en comunicación multimedia.