Con la educación no se juega
Cientos de graduados en Derecho han demandado a sus facultades por no encontrar trabajo en Estados Unidos, donde una carrera supone un coste medio de 40.000 dólares al año. Los demandantes alegan que las escuelas han violado las leyes de protección del consumidor y les ofrecieron datos engañosos sobre los porcentajes de estudiantes que encontraban empleo después de graduarse. Tras finalizar su carrera, muchos de estos estudiantes deben devolver los préstamos de decenas de dólares que pidieron para poder para pagar sus estudios universitarios.
Este mismo problema al que se enfrentan los graduados estadounidenses podría extrapolarse a otros países. En Chile salieron a protestar a las calles de Santiago 150.000 personas hace unas semanas en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. La ley chilena establece que las instituciones que se dedican a la enseñanza no pueden ganar dinero con su labor, pero parece que el ministro de Educación, Harald Beyer ha incumplido este mandato. Ahora se enfrenta a la justicia después de que los propios diputados le imputasen un delito por “no haber ejercido su papel fiscalizador contra el lucro”.
En España brillan por su ausencia los acuerdos políticos en educación. Esto provoca que se hayan sucedido a modo de cascada hasta siete leyes orgánicas de educación que han intentado, con resultados cuestionables, regular la enseñanza en España. Todo esto con un problema añadido: la desigualdad. El sistema de autonomías ha aumentado las diferencias en educación entre las distintas regiones, como sucede con el País Vasco y Extremadura, según la periodista especializada en temas sociales Gabriela Cañas. “Tales desigualdades lastran la mejora del país entero, pues genera aún más desigualdad y, según todos los análisis, fomenta la fuga de cerebros”, dice la periodista.
En Cataluña, el conflicto lingÁ¼ístico lastra la educación y ante la última sentencia del Tribunal Supremo, quien ha dictaminado que basta con que un alumno lo pida para que la asignatura se dé en castellano, el gobierno de la Generalitat ha manifestado su intención de no acatar la decisión judicial. En Valencia sucede lo contrario, y los alumnos ya se han quejado de la escasez de la oferta educativa en el idioma valenciano. Mientras, en Andalucía, una de las comunidades con mayor analfabetismo funcional, el gobierno regional ha prohibido las clasificaciones públicas de colegios e institutos para evitar la elaboración de ranking que ahonden en el drama. Los detractores de esta medida argumentan que era la forma idónea para que los colegios rindan cuentas; pero el gobierno cuenta con el apoyo de los inspectores de educación. “Nos oponemos radicalmente, es una visión empresarial de la enseñanza», dicen.
Todo esto en medio de un clima de protestas en el que incrementan las tasas y escasean las ayudas porque han fracasado las negociaciones del nuevo convenio laboral de la enseñanza concertada (privada que recibe fondos públicos). Varias Comunidades no están dispuestas a abonar las pagas extras que, por antigÁ¼edad, reciben los maestros de la educación concertada a partir de los 25 años de docencia. Como medida de presión los sindicatos amenazan con paralizar la educación concertada en España, y movilizar a los 130.000 profesores que imparten clase a casi dos millones de niños. Pero también comienza a extenderse la idea de que el objetivo de las fuerzas liberales de toda Europa es que España sea una región productora de mano de obra barata, y dejar que sean otros países los que se dediquen a la alta tecnología y se repartan el mejor mercado de exportación. O arreglan pronto esta situación educativa, o les robarán el presente a las generaciones de jóvenes que buscan un futuro más prometedor.
