Como lo cortés no quita lo valiente quiero expresar mi felicitación al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, por conseguir mantener vivo el poderío de la Iglesia española y su gran influencia sobre los gobernantes en pleno siglo XXI, algo que prácticamente no se da en los países de nuestro entorno.
El Gobierno ha aprobado la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la cual se potencia la asignatura de Religión, católica, claro, hasta ser prácticamente obligatoria ya que la misma servirá para establecer la media del curso, igual que las matemáticas, y por lo tanto será un factor más a tener presente a la hora de poder obtener una beca. El Gobierno nos quiere hacer creer que hay otra asignatura alternativa que denomina como Valores Culturales y Sociales, que servirá también para establecer la media del curso, pero la cosa tiene trampa: Para poder optar a esta asignatura el alumno tendrá que matricularse en Religión. O sea que vaya por donde vaya al final va a darse de bruces con la Religión. Otro de los logros del poderoso Rouco es que en la nueva ley se blindan las subvenciones a los colegios que separen por sexo y que la asignatura de Educación para la Ciudadanía desaparezca.
El Gobierno dice sentirse legitimado para establecer estos cambios, pero no lo está si tenemos en cuenta las estadísticas hechas públicas por el INE, el Ministerio de Justicia y el CIS. El Gobierno estaría legitimado si atendiera del mismo modo a aquellas otras religiones que mencionan esas estadísticas y que nos muestran que en España hay 1.000.000 de cristianos ortodoxos; 900.000 ciudadanos que practican la religión islámica; 1.200.000 protestantes; 80.000 personas que se acogen al budismo, añadiendo a estas ochenta mil 200.000 simpatizantes de esta creencia. O a esos otros registros que nos señalan que en 2012 se celebraron 55.033 matrimonios religiosos, no todos ellos de confesión católica, y 99.898 enlaces civiles. Si se tiene todo esto en cuenta está claro que en los colegios hay que darle el mismo trato a estas confesiones que menciono, es decir: que al igual que a los católicos se les ofrece la posibilidad de estudiar su religión lo mismo hay que hacer con el resto.
Desde el Gobierno se argumenta que este cambio servirá corregir y evitar que la tasa de desempleo juvenil esté, como está, en el 57%. Una vez más se les pone la zanahoria delante a los españoles y una vez más desde el Ejecutivo se empecinan en que cualquier iniciativa del Gobierno tiene que ver con la creación de empleo cosa que es totalmente falsa. Que expliquen el porqué se da esta circunstancia, si es porque se piensa potenciar la Formación Profesional dotándola de los medios humanos y materiales necesarios para lograr unos buenos resultados que hagan posible la integración de los jóvenes en el mundo laboral, pero para eso es necesario aplicar otras medidas que conduzcan a la creación de puestos de trabajo y eso no lo consigue esta ley ni ninguna otra que no tienda a prestar a las empresas, a las Pymes, a los autónomos, a los emprendedores y a toda aquella iniciativa que tienda a crear un puesto de trabajo, la financiación y el crédito que precisan. España se puede convertir en un país que cuente con gente muy preparada, pero de eso no se come, hay que sentar las bases y aplicar las medidas necesarias para el aprovechamiento de esa preparación.
Acabo mostrando mi asombro al escandaloso y preocupante “asalto” que con esta ley se le hace a nuestra Constitución y en concreto al artículo 16.3 de la misma que dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Resumiendo: Que España es, o era, un Estado laico donde ninguna religión debe tener un trato preferente, ni mucho menos darle el carácter de obligatorio.
Me causa sorpresa el que este Gobierno critique al Gobierno Catalán por la obligatoriedad de estudiar en catalán y ahora obliga a toda España, a un Estado aconfesional, a aprender la Religión Católica.
El Gobierno de España debería modificar la Constitución y dar preferencia a la Iglesia Católica, pero a la derecha no le hace falta modificarla, con obviarla le basta.
Lo que si tengo muy claro es que un país con una sociedad controlada por los obispos jamás podrá progresar social y culturalmente. A lo largo de la historia así se ha demostrado.
