En un lapidario informe de 659 páginas, publicado el 26 de Enero de 2016 por el prestigioso organismo mundial, Human Rights Watch (HRW), asegura que en Brasil, no está asegurada la justicia en los casos de ejecuciones ilegales y torturas perpetradas por policías. Del mismo modo, sugiere el organismo, tomar medidas más efectivas para mitigar las condiciones inhumanas que imperan en las cárceles brasileñas, por estar severamente superpobladas.
Al respecto, Maria Laura Canineu, directora en Brasil de Human Rights Watch, afirmóque “las prisiones de Brasil son un verdadero desastre de derechos humanos y que la cantidad de ejecuciones policiales sigue siendo extremadamente elevada”.
Pernambuco, lugar de más sobrepoblación de Brasil
En la ciudad de Río de Janeiro, en el año 2015, se registró la muerte de 644 personas a manos de las fuerzas policiales, aumentando la mortalidad en un diez por ciento sobre el registro del año anterior. En la localidad de São Paulo, agentes policiales en servicio mataron a 494 personas durante los primeros nueve meses del año 2015, contabilizándose un aumento del uno por ciento respecto al mismo período de 2014.
Agentes policiales de varios estados de Brasil han sido acusados de participar en matanzas, señala en el informe Human Rights Watch.
Las alarmantes estadísticas recogidas por HRW en el 2015, son el resultado de un año en el que a nivel nacional, la cantidad de ejecuciones por policías en servicio y fuera de servicio aumentó casi un 40 por ciento, hasta superar las 3.000 personas civiles muertas. En tanto, que el número de policías asesinados — según los datos del organismo serían inferior a 400 — se redujo en un dos por ciento.
Hacinamiento, violencia y caldo de “pandillismo”
En este Informe Mundial del organismo, se subraya que en las cárceles de Brasil se alojan a más de 600.000 personas, superando en un 61% la capacidad oficial establecida. El hacinamiento y la falta de personal suficiente para atender a los presidiarios, imposibilitan a las autoridades penitenciarias a que puedan ejercer el control en muchos establecimientos, y esto expone a los internos a la violencia y a la actividad de pandillas, como fue documentado en su momento, por Human Rights Watch en los estados de Pernambuco y Maranhão.
La directora de Brasil de HRW, destacó como algo positivo que “en numerosas jurisdicciones las personas arrestadas ahora son llevadas sin demora ante un juez, una medida que garantiza un derecho humano básico y que tiende además a reducir la sobrepoblación en las cárceles, así como los casos de tortura”.
En el marco de un “programa piloto” iniciado en el año 2015, los detenidos en las capitales de todos los estados de Brasil son llevados sin demora ante un juez, conforme lo exige el derecho internacional. Estas “audiencias sobre prisión preventiva”, permiten que los jueces determinen si un detenido debería ser encarcelado o liberado hasta la fecha del juicio, lo cual contribuiría a reducir la sobrepoblación carcelaria. Las audiencias sobre prisión preventiva también deberían reducir los casos de tortura policial, al otorgar a los detenidos la posibilidad de denunciar maltratos, y a los jueces la oportunidad de examinar a los detenidos para detectar señales de abuso. En Río de Janeiro, casi el 20 por ciento de los detenidos que tuvieron una audiencia durante el primer mes del programa de ese estado, indicaron que habían sufrido maltrato por los propios policías.
El congreso debe decidir
Propone Human Rights Watch, en su informe, que el Congreso legislativo de Brasil establezca la obligatoriedad de las audiencias sobre prisión preventiva en todo el país, conjuntamente con un proyecto de ley que sancione y proteja a los encarcelados de las ejecuciones ilegales, y los encubrimientos de estos hechos promovidos por las fuerzas policiales. De mismo modo, el organismo sugiere rechazar un proyecto de enmienda constitucional a los efectos de permitir a jóvenes de 16 y 17 años de edad sean juzgados y penados en las mismas condiciones y derechos que los adultos. Alerta también HRW, la existencia de un confuso proyecto “antiterrorista” presentado, que “bajo un lenguaje impreciso podría usarse indebidamente para procesar como terroristas a manifestantes y otras personas que expresen disenso y, que de cuyas disposiciones también cercenarìan la libertad de expresión“
Esta última frase que sugiere enérgicamente el organismo internacional se corresponde con al menos siete periodistas y blogeros, fueron asesinados durante el año 2015. Todos ellos habían informado y denunciado (según se desprende de este informe), sobre corrupción, delincuencia y algunas certeras críticas a políticos locales.
Por último, en este Informe Mundial 2016, su 26ª edición, en donde Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países, en el ensayo introductorio, el director ejecutivo, Kenneth Roth, escribe que la propagación de los ataques terroristas más allá de Oriente Medio y los enormes flujos de refugiados provocados por la represión y el conflicto han llevado a muchos gobiernos a restringir los derechos, lo que se tradujo en medidas equivocadas para proteger la seguridad. Al mismo tiempo, los gobiernos autoritarios en todo el mundo, temerosos de la disidencia pacífica que a menudo se ve magnificada por las redes sociales, emprendieron su ofensiva más intensa en los últimos tiempos contra los grupos independientes.
Fuente: Human Rights Watch, Informe Mundial 2016. Ed. 26ª
Video: HRW.org
