Un país de ancianos (El Gobierno aprobará ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años)

El debate sobre la edad de jubilación es un debate permanente en nuestra sociedad y que cobra vital importancia cada vez que nos enfrentamos a una situación de colpaso financiero y económico, como el actual.

Está claro que España es un país viejo, o de viejos, mejor dicho, ya que la reducción de las tasas de natalidad junto con la ampliación de la esperanza de vida han hecho que la edad media de la población española aumente de manera importante.

Teniendo en cuenta, además, el formato de nuestro sistema de seguridad social y de pensiones en el que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy, sólo hay dos formas de hacer sostenible el sistema, o bien que haya más trabajadores pagando o bien que haya menos jubilados.

Parece evidente, por un lado, que la capacidad de creación de empleo de nuestra economía está en horas bajas, por lo que la primera opción queda totalmente descartada, al menos de momento.

Sólo queda pues hacer que haya menos jubilados, y como matar a todas las personas que lleguen a los 70 años no es de recibo, sólo queda ampliar la edad de jubilación, de momento hasta los 67 años, según anunciará mañana el Gobierno.

Bien es cierto, sin embargo, que marcar una edad de jubilación general es un ejercicio inútil o al menos injusto con los trabajadores, porque la edad de jubilación no debería estar fijada en función de la sostenibilidad del sistema únicamente, sino que debería ser flexible y adaptarse a cada sector.

Porque no es lo mismo que un peón de albañil esté trabajando hasta los 67 años a que lo haga un profesor de universidad. Por ello, el mejor modelo, el más justo, es aquél que permite la jubilación con el 100% de la pensión antes a aquellos con trabajos físicos que a aquellos con trabajos mentales.

Por ello, se debería proponer reducir la edad de jubilación a los trabajadores de los sectores más duros, que todos seríamos capaces de enumerar, y ampliar la edad de jubilación a los trabajadores de los sectores más “cómodos”.

Es un ejercicio de justicia social y una manera de conseguir un sistema sostenible a la vez que justo.