Cualquier economista que haga un análisis mínimamente objetivo colegirá que los dos grandes problemas, casi estructurales, que mantiene la economía española son la elevada tasa de paro (cercana al 26%) y el desbocado déficit público que alcanza el 97% del PIB. De mantenerse el crecimiento desenfrenado del pasivo de las Administraciones Públicas españolas, la deuda superará en breve el 100% del PIB. Este es un dato que no se producía desde principios del siglo XX, cuando el Estado español tuvo que hacer frente al endeudamiento producido como consecuencia de las guerras por la defensa de las últimas posesiones coloniales del Caribe.
Foto: Mataparda
En los últimos años la clase política gobernante ha venido repitiendo el mantra de que “los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” como justificante con que excusar las políticas de recortes que se iban a producir de manera inhumana. Se ha repetido en tantas ocasiones la letanía que la gente común lo ha aceptado y lo ha interiorizado, entonando el mea culpa y asumiendo los recortes en sanidad, educación, dependencia, pensiones, cultura o derechos sociales, como parte de la penitencia por los excesos y pecados que nos decían habíamos cometido arrastrados por las bajas pasiones, la codicia, el ansia o la avaricia, y que nos había llevado a descalabrar al Estado del Bienestar.
Lo normal hubiera sido que el sacrificio y la inmolación de los ciudadanos tuviese su reflejo en las cifras macro de la economía española. Pero, ¡oh misterio de los misterios!, resulta que no, que habiendo pasado la deuda pública durante la época de Rodríguez Zapatero de 389.142 millones de euros (46,30% del PIB, en 2004) a 737.406 millones de euros (70,50 % del PIB, en 2011), el Gobierno de Mariano Rajoy, que había recibido una “herencia envenenada” y que iba a distinguirse por la austeridad y a desarrollar un plan de choque para reducir el nivel de endeudamiento, ha disparado en lo que va de su mandato (enero 2012 al primer trimestre de 2014) la deuda pública hasta los actuales 989.925 millones de euros (96,80 % del PIB).
Resulta obvio que los que están en el puente de mando son incapaces de aportar un mínimo grado de solidaridad para con el sacrificio desmedido que se le ha exigido a la ciudadanía, manteniendo intactos sus privilegios y el statu quo de una Administración que dilapida el esfuerzo y la abnegación, el estoicismo y el sufrimiento de millones de españoles.
A la luz de estos datos es más que evidente que quienes vivieron, viven y pretenden seguir viviendo por encima de sus posibilidades, convirtiendo al Estado en una especie de mancebía, son los mismos que nos han querido vender la moto de que usted y yo, que tenemos que trabajar, día a día, casi de sol a sol, somos los verdaderos culpables de esta sangría, de esta dilapidación que mantienen de forma permanente las dos Cámaras de representantes, los diecisiete gobiernos autonómicos, las cincuenta y cuatro Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares y los más de ocho mil ayuntamientos, y un sinfín de empresas, fundaciones y organismos públicos, todos ellos con tarjeta de crédito popular y acceso a la barra libre, a la voz de “paga España”.
